Ni una menos: El 70% de procesos judiciales por feminicidios no logra sentencia

Ocurrió en Junín. Una joven de 17 años fue víctima de feminicidio. Su asesino fue su ex enamorado, de 18 años, con quien ella se negaba a retomar la relación. Aunque a nivel judicial la edad de la víctima se considera un agravante y el fiscal propuso una pena de 25 años de cárcel, al criminal solo se le aplicaron 12 años de prisión. El juez redujo la pena basándose en los atenuantes de que el acusado aceptó los cargos y no tenía antecedentes penales. Además, se consideró que su responsabilidad fue aminorada por su estado de ebriedad, pese a que no se contaba con ningún examen toxicológico.

Este es solo uno de los muchos casos de feminicidio que han sido analizados por la Defensoría del Pueblo y en los que se ha encontrado que los procesos judiciales concluyen con penas privativas de la libertad inferiores al mínimo legal establecido. Diana Portal Farfán, comisionada de la Adjuntía de la Mujer, precisó que, tras un análisis de los procesos judiciales de los últimos tres años, se halló que no existe proporcionalidad entre las denuncias presentadas por los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio y las condenas.

Las cifras son evidentes: en 2014, por ejemplo, se procesaron cien casos, pero solo tres terminaron en sentencia efectiva. En 2015, de 103 casos investigados, solamente 23 fueron sentenciados y, en 2016, la cifra mejoró a 31 de 100 denuncias. No obstante, aún hay un 70% de procesos judiciales que no logran una sentencia.

“Por estas situaciones, las víctimas prefieren acudir a un familiar o a un amigo en lugar de denunciar ante las autoridades. Por eso es importante que el sistema de administración de justicia tenga una respuesta más eficaz y rápida que evite la impunidad”, sostuvo Portal.

ENFOQUE DE GÉNERO

Amire Ortiz, de Paro Internacional de Mujeres, comentó que, aunque la legislación peruana ha mejorado –y ahora, al denunciar un caso de violencia contra la mujer, este inmediatamente pasa al juez para que dicte medidas de protección mientras la Fiscalía investiga–; la administración de justicia sigue siendo deficiente por la falta de un enfoque de género.

“Sin duda hay mejoras y más funcionarios involucrados en el tema, pero aún hay casos de mujeres que acuden a la justicia y no obtienen respuesta. Hay víctimas, por ejemplo, a las que en los mismos Centros de Emergencia Mujer los funcionarios les dicen ‘todo saldrá bien, confía en Dios y reza para que no te vuelva a pegar’, y otras que van a las comisarías con el labio reventado y los policías les dicen ‘no se entiende lo que dices, regresa otro día’. Eso revela que falta que el enfoque de género esté en todas las etapas y falta que se capacite a policías, fiscales, jueces”, manifestó.

Silvia Loli, viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señaló que, aunque la sanción que se impone por la comisión de un delito debe ser proporcional a la gravedad del mismo, el análisis que hacen los fiscales y jueces para determinar esa gravedad enfrenta serias dificultades en el proceso de valoración de las pruebas. Por ello, en algunos casos, a pesar de existir indicadores que dan cuenta de un intento de feminicidio, los magistrados procesan a los denunciados como presuntos responsables de delitos de lesiones graves.

“Las heridas con arma de fuego, por ejemplo, muestran claramente la intención de matar y por lo tanto deberían investigarse y sancionarse como feminicidio en grado de tentativa, pero en ciertos casos se están procesando como lesiones graves y por esa interpretación errónea al final la sanción suele ser muy leve”, comentó.

MUCHAS DIFICULTADES

Al respecto, Leticia Silva Chávez, fiscal provincial de Familia y encargada de la oficina técnica del Plan Nacional de Igualdad de Género, aseveró que el Ministerio Público está haciendo grandes esfuerzos para que los operadores comprendan el término género y sepan cómo investigar los casos con esa perspectiva. Sin embargo, señaló que su trabajo no solo se ve perjudicado por la falta de ese enfoque, sino también por las dificultades económicas que afectan la investigación y el procesamiento de los casos.

Ello porque no hay suficientes cámaras Gessel para recoger las declaraciones de las víctimas, así como laboratorios de criminalística para procesar pruebas. Tampoco se cuenta con una Policía especializada que haga una buena investigación, maneje el enfoque de género y no contamine la escena del crimen y, además, ante la falta de profesionales especializados, hay mucha demora en las pericias de Medicina Legal.

“Todo eso complica la investigación y si a eso agregamos que no se tiene esa mirada de género desde el inicio, nos daremos cuenta por qué los fiscales no podemos construir una buena teoría del caso, de tal forma que cuando esta llegue a manos del juez, no podrá sancionar correctamente”, advirtió Silva.

ALGUNOS AVANCES

Pese a ello, la magistrada indicó que, ante esa situación, la Fiscalía está trabajando de manera creativa para incorporar una mirada jurídica con “lentes de género” en los casos de violencia contra la mujer, y está capacitando y sensibilizando con diplomados a los fiscales mixtos y penales, quienes son los que intervienen en la investigación del delito.

“Se promueve que los fiscales no solo evalúen un caso en base al certificado de Medicina Legal, sino que revisen todos los antecedentes de violencia, como si la víctima ha denunciado antes, si los vecinos conocen del trato que tenía la pareja hacia ella, si la acosaba o quería regresar a la fuerza, etc. Todo esto es tener otra mirada en la investigación para construir una teoría del caso sólida y que se logren condenas efectivas”, dijo.

Silva agregó que el Ministerio Público está terminando de redactar el primer protocolo de investigación para el delito de feminicidio, el cual ha incluido los enfoques de género, derechos humanos y diversidad, y servirá como guía de trabajo para los operadores de justicia.

TENGA EN CUENTA

* Desde enero de este año, con la Ley 30364, la penalización de la violencia contra la mujer es vista en el ámbito penal.

* Según la legislación vigente, toda agresión contra una mujer es considerada un delito, al margen de la incapacidad médico legal que se pueda acreditar.