(Foto: El Comercio)
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A la espera todavía de la relación completa, se sabe que son nada menos que 65 los jurisletrados inscritos ante la Comisión Especial del Congreso que elegirá a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. El plazo para atender a la convocatoria venció el 28 último y el miércoles que viene se publicará la relación oficial de los candidatos aptos para continuar con el proceso.

Con semejante número de postulantes, se espera que el equipo que encabeza el representante Rolando Ruiz (AP) realice una criba rigurosa y profunda, pues, como es obvio, el entusiasmo por este alto cargo público, en una entidad medular para la salud de nuestra democracia, no basta para entrar en carrera. Por lo pronto, entre los primeros nombres –magistrados en retiro, excongresistas, abogados de postín o antiguos funcionarios del Estado– que se han anunciado, ya disuenan los de algunos.

De los exparlamentarios, se reconoce a notorios militantes apristas como Fernando Calle Hayen y Humberto Falla Lamadrid, así como a una periférica del partido de la estrella, como María del Pilar Tello, quien desempeñó cargos públicos estratégicos durante el gobierno de Alan García.

Pero preocupan especialmente ciertos personajes que poco favor le harían al TC si salieran elegidos. Uno de ellos es Ramiro de Valdivia Cano, académico arequipeño implicado en un proceso penal por reunirse con Vladimiro Montesinos cuando era miembro del Jurado Nacional de Elecciones (año 2000) y en plena campaña reeleccionista de Alberto Fujimori. Otro nombre que se ha filtrado de la lista de aspirantes es Ramón Ramírez Erazo, recordado director fundador de coprolálicos pasquines como El Confidencial y La Nación y quien fuera suspendido por un tribunal de honor del Colegio de Abogados de Lima ante las dudas que despertaban sus presuntos doctorados.

La Comisión tendrá pues que andarse con serenidad y extremo cuidado desde la primera hasta la última selección de candidatos, pues la opinión pública y los medios estarán atentos al proceso, ya que de la integridad y profesionalismo de los tribunos que reemplazarán a los actuales en esta Corte dependerá que ninguno de los poderes del Estado cometa abusos en el ejercicio de sus funciones.

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