(Foto: archivo Presidencia)
(Foto: archivo Presidencia)

Quien se ríe de los ciudadanos es el presidente Pedro Castillo. Él y su Gobierno se mofan de los cuestionamientos y de la exigencia de rendición de cuentas que deben existir en una democracia.

Castillo se ríe con cinismo cuando repite “que no ha venido a robar ni un centavo” y que su Gobierno “luchará frontalmente contra la corrupción”, pese a todos los indicios y las investigaciones fiscales por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada que recaen sobre él.

Se carcajea en la cara de los peruanos cuando personas de su entorno familiar y de confianza que han convivido y trabajado a medio metro de él se fugan de la justicia sin que las instituciones llamadas a detenerlos hayan actuado diligentemente.

En el Gobierno se retuercen de risa cuando usan las instituciones y a los ministros de Estado al servicio de su proyecto político porque terminan actuando como escuderos obsequiosos del presidente y de la primera dama en lugar de atender los reales problemas de la población, como ha ocurrido con el manifiesto sesgado del Ministerio de la Mujer (MIMP) y las declaraciones de los ministros de Cultura y de Justicia que han salido a atacar de discriminatoria y de extrema la parodia que hizo el comediante Carlos Álvarez a Lilia Paredes, la primera dama.

El poder le teme al humor político porque generalmente lo critica, lo expone y lo incomoda, pero parodiar figuras del poder está protegido dentro de la libertad de expresión. Los ciudadanos, incluidos sus adulones, podemos enfrascarnos en el debate de si consideramos que la parodia supera límites que la hacen discriminatoria, mas no el Gobierno y menos uno que se burla constantemente del país. Porque tengamos presente que en el Bicentenario nos estamos quedando sin país, no porque los ciudadanos o humoristas se rían del Gobierno sino porque el presidente Castillo se ríe de su pueblo.