Yeni Vilcatoma: "Los magistrados han blindado a Ollanta Humala”

La semana que pasó, Perú21 y otros medios presentaron nuevos testimonios sobre las ejecuciones extrajudiciales en la base militar de Madre Mía, lo que llevó a legisladores como Yeni Vilcatoma a pronunciarse sobre este caso. Sobre ello conversamos el viernes. Ayer quisimos incluir en esta entrevista el polémico proyecto de ley que presentó el fin de semana para modificar la figura del secuestro agravado, el cual podría beneficiar al encarcelado ex presidente Alberto Fujimori, pero no respondió a nuestras llamadas.

¿En qué irregularidades incurrieron fiscales y jueces en el caso Madre Mía?—Cuando lo recabado en la etapa de instrucción fue llevado a la sala superior en la que participaba el fiscal Víctor Cubas Villanueva, se dejó de valorar una serie de elementos que probaban que Ollanta Humala era la persona del 'Capitán Carlos'.

¿A propósito?—Así es. El actuar fue doloso porque no valoró de acuerdo a ley unas declaraciones que debía tomar en cuenta porque eran un insumo importante. En ese momento la familia observa esto y cuando acude a la Sala Penal Nacional, que presidía el juez César San Martín, esta simplemente avaló que el fiscal Cubas Villanueva no había contemplado las declaraciones en su acusación. La sala pudo elevar esto en consulta al fiscal supremo si no estaba de acuerdo, pero no lo hizo.

¿Qué intenciones tuvieron los magistrados para hacerse de la vista gorda?—Eso tiene que establecerse en una investigación en la cual debe haber levantamiento del secreto de las comunicaciones. Tiene que indagarse hasta qué punto antes y después fue la relación y el comportamiento de estos magistrados en cuanto al señor Ollanta Humala, porque si estos señores no lo limpiaban, él no hubiera tenido la mínima posibilidad de ser presidente. El señor Cubas Villanueva fue cuestionado en su actuar como coordinador de las fiscalías de derechos humanos y terrorismo respecto de la acción del señor Iván Vega en el Vraem.

Iván Vega, cercano a Ollanta Humala.—Por supuesto que sí. ¿Qué ha sucedido después? Como la Sala Penal Nacional no corrige esto, la familia interpone un recurso de nulidad, ¿pero en qué termina? A nivel de la sala. Como no pueden negar la existencia del delito, se establece que sí se cometió, y el Código de Procedimientos Penales, en su artículo 221, dice que cuando se prueba el delito pero no se puede establecer la responsabilidad del imputado, solamente se da un archivo provisional.

¿No hay cosa juzgada?—No, este caso no tiene calidad de cosa juzgada. Eso es falso. Además, el señor Cubas Villanueva y la sala dicen que sí hay un montón de declaraciones de que Ollanta Humala es el 'Capitán Carlos' y que se violaron derechos humanos, pero dicen que esas declaraciones son incoherentes. Debilitan todo para no entrar a un juicio oral, donde había mucho que debatir. Aquí lo que hicieron (los magistrados) fue blindar a Humala. ¿Pero cuál es el fondo del asunto grave? Que el señor Jorge Ávila se retracta con una declaración jurada notarial. Luego el fiscal lo cita y le pregunta por qué se retracta. Y él, en su declaración, dice que no se retracta de los hechos, solo dice que no puede establecer y que tiene dudas que Ollanta Humala sea el 'Capitán Carlos'.

¿Se retractaba solo en su declaración?—Claro. En todo caso, si el fiscal Cubas Villanueva quería darle valor a esa retractación, esta era solo respecto de los hechos del señor Jorge Ávila. El archivo no podía incluir los hechos de su hermana, porque ella fue secuestrada en otro lugar, en otra hora, en otra patrulla. Eso debió ser corregido por la sala, pero no lo hicieron.

Tampoco lo hicieron en la Corte Suprema.—Así es. Cuando llega el caso a la Suprema, a la sala de César San Martín, él lo manda al fiscal supremo Pablo Sánchez para que haga su dictamen, ¿él qué hace? Establece que no existen elementos para pasar a un juicio oral. La sala de San Martín tenía la posibilidad de declarar nulo todo para que el fiscal se vuelva a pronunciar, pero a pesar que dice que las ejecuciones tuvieron lugar, que no se incluyeron todas las declaraciones, indican que aunque retrocediera el proceso, las conclusiones del fiscal y de la sala no cambiarían. O sea son adivinos. Por eso hay que señalar que esas resoluciones no se dieron porque los magistrados se vieron sorprendidos porque se compraron testigos. Ellos fabricaron argumentos para generar impunidad en este proceso. Por eso deben responder a nivel administrativo y penal.

¿Qué sanción corresponde?—El delito que deberían imputarles es el de prevaricato.

¿Al actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, también?—Sí, a todos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público que estuvieron involucrados. Se trata de delitos de lesa humanidad, se ha generado impunidad y la forma en que han actuado estos magistrados, omitiendo lo que no debían, amerita la destitución.

¿Este delito tiene pena privativa de la libertad?—Claro que sí, el prevaricato tiene pena de cárcel, señor. Ellos deben responder por esto.

¿Todos estos magistrados deben estar presos?—Por supuesto.