Hace tiempo que no tienen escrúpulos en el Congreso. Por eso se atreven a tanto, como modificar el Código Penal para poner en vigencia formal la “Ley Soto”, que reduce los tiempos de prescripción de los delitos de los delincuentes comunes, como también de los de cuello y corbata, buscando impunidad para que se salven de una sentencia.
Además, pretenden que los allanamientos de vivienda u oficinas de los implicados en ilícitos penales ya no sean acciones conjuntas de inteligencia entre la Fiscalía y la Policía Nacional, teniendo al factor sorpresa para el logro del objetivo de las operaciones.
Esta ley obliga a contar con la participación de los abogados de los delincuentes en los operativos de allanamiento y descerraje, al extremo de obligar a los fiscales a informarles con anticipación, para que escondan las pruebas o, peor aún, para que tengan tiempo de poner a buen recaudo al incriminado y las pruebas que lo incriminan.
Esta modificación en el Código Penal tiene una clara intromisión en el sistema de justicia, buscando la libertad del delincuente que está esperando con ansias la libertad. Diferentes juristas han expresado con claridad que es una ley para favorecer a los delincuentes. En un país que se suponía que protegía a sus ciudadanos se está legislando para blindar a los criminales. Ya se han expuesto las consecuencias de todos estos despropósitos en contra de la lucha contra la delincuencia y la criminalidad.
Para el fiscal especializado contra el crimen organizado Jorge Chávez Cotrina, es una ley que favorece a los delincuentes, limitando seriamente la capacidad operativa de la Fiscalía.
Que quede claro que estas iniciativas propuestas desde la Mesa Directiva del Congreso tienen una evidente orientación. Muchos congresistas estarían tratando de evitar la cárcel que se les viene, están desesperados. Por eso la premura y la actitud prepotente de los que salen a justificarse con un guion aprendido.
A este paso, van a seguir destruyendo la institucionalidad del país. Por eso es importante proteger nuestras instituciones. Para ello, tenemos que convocarnos para ejercer el control ciudadano y la obligación de rendir cuentas, que debería ser una actividad normal.