¿Y ahora qué?

La irresponsable vacancia ha profundizado la crisis política y económica que sufre el Perú. Tan solo en un día, los precios de los bonos del Gobierno peruano en dólares se desplomaron, el dólar llegó a su mayor valor en 18 años (S/3.63) y se dieron protestas en diversas ciudades del Perú.

Si bien es probable que estos efectos se diluyan en el corto plazo, la administración de Merino tendrá que gestionar tres problemas serios, que ponen en riesgo todo lo logrado en los últimos 25 años.

Primero, la mayor tensión y polarización política propiciaría más estallidos sociales, incrementando la incertidumbre.

Si esto ocurre, habrá menor actividad y, por tanto, menores impuestos que recaudar. En un contexto de extremas necesidades por la pandemia, o el Estado se las agencia con menos recursos o sube impuestos.

Segundo, la menor actividad generará menos oportunidades, lo que aumentará las demandas sociales frente al Estado. Ante ello, el gobierno necesitará aplicar medidas de emergencia efectivas para atender el descontento; de lo contrario, será percibido como un «Estado fallido» y el discurso sobre la necesidad de un cambio radical seguirá ganando adeptos.

Tercero, si el nuevo gobierno intenta congraciarse con la población mediante recetas populistas, el ya escaso Estado de derecho peruano se terminará de desmoronar y todo capital serio evitará nuestro país, perpetuándose así el impacto negativo de no atraer inversión privada.

La única manera de evitar este círculo vicioso es designar un gabinete técnico e independiente que nos permita llegar al 28 de julio con la institucionalidad y las cuentas fiscales lo menos golpeadas posible.