Vizcarra (Conirsa) y Concepción Carhuancho

La poca claridad y “cuasi negación” de Vizcarra sobre la relación con Odebrecht fue aprovechada por la oposición, incluso Vilcatoma amenazó con una denuncia constitucional. Lo que generó suspicacia fueron el nerviosismo y las imprecisiones de Vizcarra al contestar. Al respecto, cabe precisar:

1) Conirsa no es Odebrecht, pero es parte del consorcio que solicitó servicios. La relación con Odebrecht se dio indirectamente a través del consorcio. Debió ser aclarado.

2) El alquiler de maquinaria no constituye un ilícito penal, no se conocen reparos de irregularidades en contra de la empresa proveedora del servicio.

3) Vizcarra no era funcionario público y salvo alguna sorpresa, no se aprecia ninguna actividad ilegal de Vizcarra más allá de sus imprecisiones.

4) No se conocía la envergadura de la corruptela de Odebrecht.

La pretendida investigación a Vizcarra es política. El art. 117 de la Constitución establece excepciones a inmunidad presidencial y el “supuesto Vilcatoma” no aplicaría.

En el caso Concepción Carhuancho, este violó el principio de imparcialidad al adelantar criterio, afirmando que “Fuerza Popular tiene capturado al Ministerio Público”. La investigación estaba en curso, el adelanto de opinión afecta la objetividad como juez. Guste o no, él estaría bien recusado.

Independientemente de ello, Yoshiyama debe presentarse a la justicia. El presidente se equivoca al opinar sobre un tema que no es de su competencia; vulnera la independencia de poderes.

Vizcarra tiene 66% de aprobación, pero hay dudas sobre el manejo económico; la agenda política ha distraído la atención, pero pronto será hora de ver las propuestas del presidente. Es difícil llegar al 66%, pero más difícil es mantenerse.