Violencia y parálisis

Entramos al tercer día de paro indefinido en Arequipa y las imágenes que de esa región llegan a todo el país son indignantes. La Ciudad Blanca está paralizada y el lunes fue presa de un vandalismo imperdonable, como si los enemigos fueran los propios arequipeños. Son ellos los que tendrán que pagar después por los destrozos cometidos por las turbas enardecidas que decidieron atacar con piedras y palos; una barbarie desatada por autoridades regionales irresponsables y demagógicas.

El marco que garantiza la convivencia civilizada entre ciudadanos es la ley. Arequipa es en estos días una ciudad sin ley. ¿Y quién está en la obligación de garantizar que se respeten las normas? El gobierno, las autoridades. Sin embargo, la noche del lunes, el ministro del Interior manifestó en Twitter que habían pasado 22 días y, aunque había 34 policías heridos, ningún manifestante había sido lastimado.

Aunque ayer se informó de la detención de ocho sujetos por los desórdenes y daños personales y materiales causados el lunes, por desgracia, hasta donde se sabe, no tenemos un solo detenido por haber agredido y herido a los efectivos policiales destacados en la zona, como dieron testimonio tantas imágenes en los medios y redes sociales. El gobierno, por las expresiones de su ministro, parecía abdicar de su potestad de poner orden y, para colmo, usó palabras con las que sonaba orondo de su inanidad.

Fue un mal mensaje para el momento, cuando cinco mil desadaptados habían estado en las calles arrojando piedras a diestra y siniestra, causando temor entre más de medio millón de arequipeños que se han visto obligados a encerrarse en sus casas para no ser heridos, a tal punto que las clases escolares han sido suspendidas en salvaguarda de niños y adolescentes que no tienen nada que ver con lo que ocurre en el valle de Tambo.

¿Quién va a pagar el hospital de los civiles afectados y los daños a la propiedad privada? Enhorabuena que se haya comenzado a contener y detener a los vándalos, pero hay que recordar quién debe imponer el Estado de derecho y no dar ni el mínimo espacio u oportunidad a la barbarie.