Ricardo Castro Belapatiño terminó como asesor en el Ministerio de la Mujer pese a que en enero del presente año fue suspendido por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), en su calidad de juez de Yarinacocha, por haber admitido hasta tres demandas de amparo irregulares contra jueces de Lima.
En una de ellas, el letrado ordenó entregar, en Lima, un terreno de 26 mil metros cuadrados a una empresa vinculada al prófugo Rodolfo Orellana.
Este abogado, de militancia aprista, ha sido procurador público a cargo de los asuntos judiciales de la PCM en el 2006. Allí se mantuvo hasta el 2012. Luego se fue a trabajar a Ucayali, el paraíso de los hábeas corpus y recursos de amparo, hasta que la OCMA lo sancionó. Fuentes del Ministerio de la Mujer indicaron que fue contratado hace dos meses, pero que ya fue retirado del cargo.