Vigilancia permanente. (Foto: GEC)
Vigilancia permanente. (Foto: GEC)

El presidente Martín Vizcarra gobernará cuatro meses sin el Congreso de la República, cuya función fiscalizadora –aunque a manos de los exlegisladores de la mayoría fujimorista se degradara en pertinaz e interesado bloqueo– es imprescindible en cualquier democracia. Ante la ausencia de ese contrapeso, corresponderá ahora a los medios seguir con atención los movimientos del Gobierno para que no se aleje de la Constitución, que ya bastante se ha acercado a la delgada línea que separa lo legal de lo ilegal.

La democracia peruana ha sufrido a lo largo de su historia demasiados manoseos, incidentes e interrupciones, cuyo impacto histórico se refleja en infinidad de opiniones ciudadanas que solo guardan desconfianza, cuando no violenta animadversión, por las élites políticas y los poderes e instituciones del Estado, percibidos más como fuente de problemas que de soluciones para la vida de la gente. Una percepción peligrosa que, cuando la crisis política escala, ha llevado a las muchedumbres enfurecidas a respaldar o exigir medidas antidemocráticas, echando por el sumidero, como suele decirse, el agua sucia junto con el niño al que se pretendía bañar.

Claro que a menudo son también la clase política y los funcionarios a cargo de estas instituciones quienes atizan ese fuego, con su lenidad ante la corrupción o –como el país ha vivido recientemente– por una inocultable complicidad con actos delictivos, demostrados y fundamentados hasta la saciedad.

El nuevo gabinete, ciertamente, no podrá resolver los encargos más pesados de la actual gestión, dada su naturaleza transitoria, aunque sí se le deben reclamar reflejos y capacidad para mover el país hacia adelante, salvando las dificultades que la coyuntura presente y, lo que es más, desatascar todo lo que pueda de la significativa cartera de pendientes que arrastra el Ejecutivo: los conflictos mineros en el sur del país serán, qué duda cabe, la primera prueba de fuego que tendrán los ministros.

Pero de lo que no se librarán es de un escrutinio popular sostenido, cuya demanda fundamental es, como se ha visto, el respaldo a la lucha contra la corrupción. Así que, señores, a andar derechitos: los estaremos observando.

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