La falta de productividad y la informalidad son identificados como dos de los problemas que el Estado debe enfrentar para lograr un mayor y mejor crecimiento económico. Se cree que el destrabe y la reducción de costos de transacción serán suficientes para reactivar la economía y conducir al Perú a la OCDE.
Sin embargo, el Perú enfrenta un serio problema de gobernabilidad que los actores políticos y económicos no han logrado identificar. Si realmente queremos encauzar al Perú hacia el desarrollo, debemos enfrentar aspectos que van más allá de lo económico. Tenemos un contrato social que está en constante deterioro. Ello se muestra en la conflictividad social que nos afecta, sea con relación a las extractivas, como en Conga y Tía María; a los sindicatos, como el de educación con Conare; o en las políticas públicas, como con el enfoque de equidad de género. Existe una tensión permanente entre los diferentes grupos de la sociedad. Y no hemos logrado encontrar un mecanismo de solución de conflictos.
Los arreglos institucionales entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales no funcionan. No existe ningún tipo de control sobre los gobiernos subnacionales. La corrupción campea y existen graves fallas en la prestación de servicios básicos, pese a que las facultades y el presupuesto han sido transferidos.
Mientras los ciudadanos no logran canalizar sus intereses en la formulación de las políticas públicas, existe la percepción de que el Gobierno está capturado por grandes intereses privados. Un ejemplo de esto habría sido la participación del presidente y varios ministros en el caso del aeropuerto internacional de Chinchero.
No tenemos mecanismos para la participación de los ciudadanos en el diseño y la definición de las políticas públicas. No existen canales de representación que utilicen las herramientas de las instituciones y la democracia. Ello lleva a que, en el caso de los maestros, opten por el Movadef como canal para hacer públicas sus demandas y, en el caso de las comunidades en áreas extractivas, opten por líderes radicales que utilizan la violencia como mecanismo de negociación.
Por ello, es necesario que el Ejecutivo y el Legislativo se aboquen a la construcción de mecanismos que permitan que los distintos intereses puedan participar en la toma de decisiones. De lo contrario, la conflictividad social y la tensión entre los distintos grupos en sociedad continuarán.