(Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC)
(Foto: Anthony Niño de Guzmán/GEC)

Ayer, el presidente de la República, Martín Vizcarra, presentó al Congreso un proyecto para adelantar las elecciones generales a 2020. “La representatividad ha colapsado”, dijo. Se van los actuales congresistas y se va él.

Una de las razones son las resistencias al cambio. “No es casual que la Junta Nacional de Justicia encuentre problemas para su funcionamiento”, sostuvo antes de lanzar la bomba que hoy tiene a los políticos turulatos.

Hace un año, parado frente al mismo podio, Martín Vizcarra tuvo que proponer seis proyectos de ley destinados a reformar el sistema de justicia. Veinte días antes de su discurso, habían comenzado a difundirse los audios de Los Cuellos Blancos. Una investigación que buscaba dar con los cabecillas de una organización de sicarios y narcotraficantes en el Callao, entre los que destacaba el temido ‘Caracol’, terminó evidenciando una banda de jueces y fiscales que cobraban por sentencia y manejaban, intercambiando favores, el órgano que nombraba las autoridades judiciales en el país, el Consejo Nacional de la Magistratura.

En la necesidad de identificar a los operadores de esos narcos, la Fiscalía contra el Crimen Organizado le pidió al Poder Judicial autorización para interceptar sus comunicaciones. Con una orden en la mano, el 22 de diciembre de 2017, la Policía especializada inició las escuchas. Y la primera semana de junio de 2018, entregó a la Fiscalía las grabaciones delatoras.

Un mes después, los audios se filtraron a la prensa para ser, inmediatamente, de dominio público: su contenido era demasiado relevante.

Destejiendo la telaraña, se estableció que Los Cuellos Blancos no solo atendían a narcos y sicarios en el Callao; sus conversaciones demostraron nexos con políticos, congresistas, magistrados, empresarios, abogados, todos enfrentando situaciones adversas y con problemas judiciales por arreglar. El caso Lava Jato, estelarizado por la constructora Odebrecht, no estaba exento de los malabares que Los Cuellos Blancos se disponían a realizar.

La madrugada del 29 de julio del año pasado, un día como hoy, la Fiscalía realizó el megaoperativo que capturó a 11 integrantes de la banda. Pero el 7 de octubre, César Hinostroza, el cabecilla que no había sido detenido porque gozaba de una suerte de inmunidad que el Congreso no le quiso levantar, se fugó del país aprovechando que ese día se celebraban las elecciones regionales y municipales.

Dos días después, el presidente Vizcarra convocó a referéndum; la primera de las cuatro preguntas era sobre la conformación de una Junta Nacional de Justicia que sustituyera al malogrado CNM.

Desde entonces todo ha sido vértigo. El 10 de octubre, el juez Concepción Carhuancho ordenó la detención preliminar de Keiko Fujimori. La decisión fue apelada, pero el 31 de octubre la sala de apelaciones resolvió mandándole 36 meses de prisión preventiva.

El 15 de noviembre, la Fiscalía pidió el impedimento de salida del país de Alan García. Tres días después el expresidente buscó refugio en la embajada de Uruguay, pero el 3 de diciembre tuvo que dejar la casa del embajador; el gobierno de Tabaré Vázquez le negó el asilo.

El último día del año, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, protagonista de algunos de los audios vergonzosos, pero atornillado al cargo máximo del Ministerio Público con la ayuda de los congresistas del Apra y FP, ordenó la destitución de los fiscales que llevan adelante el caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez. La reacción ciudadana fue tenaz y pronto Chávarry tuvo que girar sobre sus talones y dejar las cosas como estaban.

El 11 de abril, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue detenido. La mañana del 17 de abril, Alan García se suicidó cuando lo fueron a detener. El 7 de mayo, la Fiscalía formalizó denuncia penal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. El 15 de mayo, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán salió esposada de la sala de audiencias rumbo al penal de mujeres de Chorrillos. El último 19 de julio, Alejandro Toledo fue detenido en los EE.UU. como paso previo a su extradición.

Pareciera que lo vivido el último año hubiera ocurrido en un siglo. Sin embargo, se sostiene gracias al valor y la persistencia de policías, fiscales y jueces de primera y segunda instancia que incluso tienen que enfrentar a sus superiores para hacer prevalecer la lucha contra la corrupción. La reforma judicial no ha comenzado, ni siquiera se ha logrado designar la JNJ. Pero la firme posición de la ciudadanía en contra de la impunidad nos permite mirar el futuro con esperanza.

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