Son millares de venezolanos los que apresuraron su travesía hacia el Perú en los últimos días. (Foto: USI)
Son millares de venezolanos los que apresuraron su travesía hacia el Perú en los últimos días. (Foto: USI)

La decisión de exigir la presentación del pasaporte a los venezolanos que ingresen al Perú es una medida inhumana y demagógica. No ofrece una solución a la crisis. Tampoco evita el éxodo de familias desesperadas que ahora buscarán caminos menos formales y más peligrosos para huir. Ni garantiza que entre aquellos que consigan llegar a nuestro territorio no haya delincuentes.

Dicho esto, la directiva impulsada por el Ministerio de Interior solo intenta tranquilizar a un sector de la población que ve amenazada su estabilidad laboral. Pero el mercado tiene sus propias reglas de juego y, aunque así queramos, estas no pueden ser sustituidas por regulaciones impuestas.

Si algo bueno hizo PPK durante su breve paso por el Gobierno, fue deslindar de la dictadura chavista y liderar su condena en Sudamérica. La medida que entró en vigencia a las cero horas del sábado es, en cambio, un retroceso de nuestra diplomacia porque en la práctica les cierra las puertas a quienes escapan de un gobierno abusivo, sin legitimidad ciudadana, que pisotea las libertades individuales y asesina a la población por la que debería velar.

Conseguir un pasaporte en Venezuela ahora es sumamente difícil, si no imposible, por varios motivos. Entre otros porque, a diferencia de la cédula de identidad, el documento en cuestión es caro y escaso.

La atención de la crisis humanitaria que vive ese país es una obligación de la región a la que el Perú no puede rehuir, menos en momentos en que la OEA ha llamado a una reunión de urgencia. Va a ser necesario unificar criterios, siendo altamente probable que tengamos que dar marcha atrás, como hizo Ecuador. Finalmente, el manejo de las consecuencias de la migración merece un análisis serio de las políticas públicas a ejecutar sin caer en el facilismo impropio de una nación solidaria.