Vendetta chotana

La escalada de maniobras obstruccionistas del presidente Pedro Castillo contra la investigación fiscal que lo ha puesto contra las cuerdas por actos de corrupción continua en ascenso.

No pudo frenar la intervención legal y legítima en Palacio de Gobierno del equipo policial y fiscal que iba a detener a su cuñada Yenifer Paredes y, en venganza, abusando de su poder, exigió al inspector general de la PNP que sancione y destituya al coronel Harvey Colchado, eficiente y reconocido oficial que ahora lidera el grupo de apoyo a las pesquisas que lleva a cabo la fiscal Marita Barreto.

Como el anterior alto mando no le dio trámite con la celeridad que el mandatario caprichosamente exigía, decidió de buenas a primeras cortar las cabezas del inspector, del comandante general de la Policía y del jefe del Estado Mayor.

La tarea para los nuevos encargados, algunos reclutados entre generales cajamarquinos, entre los que destaca el chotano Segundo Leoncio Mejía Montenegro, y otros de ellos acusados de graves hechos como robo de gasolina e incluso asesinatos (vía escuadrones de la muerte) era claro: acoger el pedido de sanción a Colchado. Y así fue. El lunes, rapidito nomás, se le citó a este distinguido oficial –quien tiene entre sus pergaminos profesionales haber participado en la captura del camarada ‘Artemio’ y en los operativos contra otras organizaciones criminales– para que recogiese la notificación con la cual se da inicio al proceso de investigación.

¿Hay fundamentos para un proceso y una sanción posterior? Ninguna. La fiscal Barreto ha desbaratado, una por una, las imputaciones que le hace Pedro Castillo y su séquito de abogados.

Colchado asumió la diligencia en Palacio cumpliendo una orden judicial a pedido del Ministerio Público. Por otro lado, según consta en el acta oficial mostrada por Panorama, la primera dama permitió el ingreso a los ambientes donde se buscó a Yenifer Paredes. Y fue personal femenino de la PNP el que ingresó, no Colchado. De manera que los de Inspectoría deben meditar bien si piensan sancionar con una suspensión o con la destitución a un oficial por el solo hecho de cumplir con su trabajo. Todas las miradas estarán sobre este proceso que huele claramente a venganza y abuso. Una chamusquina tan obvia y grotesca que, sin duda, alguna alcanzará también al gobierno.