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Carlos Tapia,Opina.21A pesar de que ya estamos en una época electoral, amigo, no te confundas, porque no nos estamos refiriendo a un cartel puesto en la puerta de un local partidario. A veces la honestidad no da para tanto. Tampoco si lees en la pared de una casa "propiedad en litigio", no estamos ante una disputa entre personeros de un partido en torno a quién es el que decide. En realidad, son pintas o carteles en los frontis de casas o hasta edificios, generalmente desocupados, mandados a colocar por los familiares de estos ante la amenaza de que avezados y profesionales delincuentes, en combinación con sus cómplices en los registros públicos, los vendan como si fueran suyos.

En nuestro país, esta operación fraudulenta queda legalizada si rápidamente la propiedad usurpada cambia de dueño dos veces, multiplicándose el primer precio de venta (cómplice) por el de reventa (creído aprovechador). Así, aunque usted no lo crea, estos casos recién son descubiertos por los verdaderos propietarios cuando regresan del extranjero o, en casos extremos, cuando son desalojados después de perder un insólito y rápido juicio. Y, compungidos, ¡a llorar en la plaza!

La clave del éxito de la fechoría reside, después de falsificar los documentos, en controlar a un notario y a un funcionario que trabaja en Registros Públicos. A propósito, algunas veces el cambio del jefe de estas oficinas corre paralelo a la corruptela que acompaña la victoria electoral de un partido.

Como se sabe, Hernando de Soto defiende con énfasis que poseer el título de propiedad de una casa o negocio favorecería a los informales para tener acceso al crédito y así contribuir al crecimiento de la economía.

Pero este no basta para alcanzar el desarrollo; también se requiere de instituciones fortalecidas y de honrados funcionarios. Una tarea más difícil, porque el ejemplo no viene desde los de arriba.

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