Más vale tarde que nunca

El Congreso debatirá hoy por fin la suspensión por 120 días de Yesenia Ponce, medida que recomendó hace un mes la Comisión de Ética al detectar que ella mintió en su hoja de vida. Pero si hacemos cuentas, han pasado casi dos años desde que la primera denuncia contra la parlamentaria de Fuerza Popular fue interpuesta. En todo este tiempo, recién en la presidencia de la oficialista Janet Sánchez se ha llegado a una conclusión concreta. En las gestiones anteriores se aplicó más que nunca la frase “otorongo no come otorongo”.

Con el caso de Ponce hemos presenciado un abierto blindaje político hacia una congresista que, debido a la gravedad de los hechos, merecía una sanción más drástica, como el desafuero, pues lo que suyo no solo fue una mentirita, sino delitos. No solo consignó información falsa en el CV, sino también pagó –según las acusaciones– S/10 mil “como prebenda” al director del colegio en Puente Piedra donde declaró haber culminado sus estudios escolares, y presentó compañeros y profesores fantasmas que ni siquiera aparecían en el Reniec. Su gran bancada, sin dudas, maniobró para demorar el caso.

Pero estando frente a hechos que configuran delitos, para la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no debería ser un problema identificarlos y proceder plantear su expulsión definitiva del Legislativo.

No es el único caso con el que el Congreso tiene la oportunidad de empezar a revertir esa inmensa imagen negativa que tiene en la ciudadanía. Otras recomendaciones de sanción que se aprobarían hoy son las de Carlos Bruce y Maritza García. Sobre el oficialista, Ética acordó suspenderlo 60 días después de que, en diciembre de 2016, solicitara –sin reparo alguno– resguardo policial para la inauguración de su restaurante. Respecto de la no agrupada, la comisión planteó 120 días de suspensión también por haber consignado información falsa en su hoja de vida.

En tanto, ayer, el Poder Judicial demandó al Parlamento hacer efectiva la condena de siete años de prisión al congresista Benicio Ríos (APP), quien sobrevaloró la compra de un terreno siendo alcalde de la provincia cusqueña de Urubamba. Son cuatro casos con los cuales la nueva directiva del Congreso podría empezar a escalar pequeños peldaños para detener el descrédito en el que se encuentra este poder del Estado.