Por: Aníbal Quiroga León
La exposición del primer ministro Villanueva ante el Congreso para el voto de confianza (mal llamado de investidura) tuvo varios ejes. El primero destinado a las medidas para poner en marcha un verdadero plan nacional contra la corrupción, generalizada en toda la sociedad y en el meollo del Estado, sobre todo en lo económico, en la seguridad (Policía y FF.AA.) y en la justicia (MP, PJ, CNM, TC, CGR). Lo único claro es que la OCDE está lejos del diagnóstico peruano.
La obra pública-privada ha sido invadida por la corrupción como paso necesario en su cadena económica. Del 10% a 5% se “queda” en el camino. En la Policía Nacional, su ineficiencia, desestructuración, falencia o corruptibilidad generando mayor inseguridad, es mal endémico. En las FF.AA., el narcotráfico en las zonas sensibles o el mal manejo de recursos tampoco es nuevo. A ello se suma la minería ilegal, la tala informal y el grosero contrabando.
En la Fiscalía y el Poder Judicial –con honrosas excepciones– el tema es grave a despecho de los pomposos discursos del presidente del Poder Judicial tapando el sol con el dedo. Es que el concepto anticorrupción no está internalizado por las autoridades y no pasa de ser discurso para la tribuna. ¿Por qué se filtran (¿se venden?) los expedientes contra el secreto del sumario? ¿Por qué magistrados del TC filtran sus votos a la prensa cuando están disconformes con la mayoría? ¿No es también una corruptela? Nadie explica por qué el Congreso es la única institución exenta del poder la Contraloría, al tiempo que un feliz contralor anuncia una nueva era en el control de los gastos del Estado.
Lo único rescatable de las propuestas del premier fueron las últimas líneas de su discurso: la clave es la educación, la formación de nuevos ciudadanos y la internalización desde la escuela de los verdaderos valores democráticos cívicos y de honestidad. En lo demás, la lucha parece perdida.