¿Investigación penal o “persecución política”?

“La llamada ‘persecución política’, en realidad, (...) no hace sino expresar el temor a la investigación”.

Alan García

El ex mandatario cuenta con impedimento de salida del país por 18 meses. (Foto: Mario Zapata / GEC)

¿Investigación penal o “persecución política”? (Mario Zapata / GEC)

Por: Pablo Sánchez Velarde / Ex fiscal de la Nación

Los últimos acontecimientos políticos referidos al rechazo del asilo a un ex presidente y a un ex magistrado supremo, por autoridades políticas de Uruguay y España, eliminan la tesis sostenida desde hace mucho tiempo por algunos políticos y comentaristas que en nuestro país, cuando se inicia una investigación fiscal o el juez toma una decisión a pedido fiscal sobre un integrante o líder de una agrupación política, se trata de una “persecución política”.

Un ex presidente que logró fugar al inicio de una investigación decía que había persecución política y además existía una “mano negra” en la Fiscalía en su contra; otro, también ex presidente, decía lo mismo y purgó detención. Hace poco tiempo un juez, a pedido del fiscal, ordenó la prisión preventiva de algunos integrantes de un grupo político. Se enfatizó en lo mismo: persecución política, como si alguna fuerza política distinta o contraria manejara la justicia en el Perú. Incluso, cuando un fiscal, en estrategia de investigación, realizó un allanamiento a un local político, se afirmaba “persecución política” y se preguntaban porqué no se hacía lo mismo con otros grupos políticos. Frases y tonos amenazantes, diatribas públicas y de todo calibre. Es cierto que la justicia penal en nuestro país –y al parecer en muchos países del mundo– dedica tiempo y esfuerzo a la investigación de casos de corrupción o de criminalidad organizada que comprenden a algunos personajes políticos, pero el hecho de que se les investigue, ordenándose prisión o impedimentos de salida del país, no hace a la persecución penal una “persecución política”.

Cuando se comete un delito, no se puede aplicar la ley penal de inmediato, ni siquiera en flagrancia. Siempre se necesita de la investigación fiscal, la búsqueda y aseguramiento de las pruebas y de las medidas que garanticen que el investigado no eluda la acción de la justicia hasta el momento de la sentencia.

El hecho de que la Fiscalía investigue a un funcionario público o a un político, o ex presidente de la República, incluso, y se ordene por el juez alguna medida fuerte para que no evada a la justicia, no hace del caso una investigación política ni mucho menos que se califique como persecución política.

Un Estado de derecho no permite una investigación penal de esa naturaleza. ¿Un fiscal o un juez hacen política? La respuesta es no, ambos son autónomos e independientes, no pueden hacer política. Es más, están prohibidos por ley.

Se puede afirmar, entonces, que no hay una persecución política de “algunos fiscales y jueces”; tampoco una “persecución judicial”. Tampoco hay persecución “empresarial” porque se investiga a algunos temerosos empresarios.

La llamada “persecución política”, en realidad, es una mera frase de defensa que no tiene contenido real y que no hace sino expresar el temor a la investigación. Que la investigación puede ser lenta o muy rápida o que pone el acento en unas personas más que en otras puede ser objeto de cuestionamiento y corrección en la vía procesal, incluso de queja; pero una investigación por peculado, por tráfico ilícito de drogas, por corrupción, por lavado de activos o crimen organizado, o por tocamientos indebidos, imputada a un político, no puede ser catalogada como una persecución política.

Ni se politiza la justicia ni se judicializa la política, solo se aplica la ley.Los últimos acontecimientos políticos referidos al rechazo del asilo a un ex presidente y a un ex magistrado supremo, por autoridades políticas de Uruguay y España, eliminan la tesis sostenida desde hace mucho tiempo por algunos políticos y comentaristas que en nuestro país, cuando se inicia una investigación fiscal o el juez toma una decisión a pedido fiscal sobre un integrante o líder de una agrupación política, se trata de una “persecución política”.

Un ex presidente que logró fugar al inicio de una investigación decía que había persecución política y además existía una “mano negra” en la Fiscalía en su contra; otro, también ex presidente, decía lo mismo y purgó detención. Hace poco tiempo un juez, a pedido del fiscal, ordenó la prisión preventiva de algunos integrantes de un grupo político. Se enfatizó en lo mismo: persecución política, como si alguna fuerza política distinta o contraria manejara la justicia en el Perú. Incluso, cuando un fiscal, en estrategia de investigación, realizó un allanamiento a un local político, se afirmaba “persecución política” y se preguntaban porqué no se hacía lo mismo con otros grupos políticos. Frases y tonos amenazantes, diatribas públicas y de todo calibre. Es cierto que la justicia penal en nuestro país –y al parecer en muchos países del mundo– dedica tiempo y esfuerzo a la investigación de casos de corrupción o de criminalidad organizada que comprenden a algunos personajes políticos, pero el hecho de que se les investigue, ordenándose prisión o impedimentos de salida del país, no hace a la persecución penal una “persecución política”.

Cuando se comete un delito, no se puede aplicar la ley penal de inmediato, ni siquiera en flagrancia. Siempre se necesita de la investigación fiscal, la búsqueda y aseguramiento de las pruebas y de las medidas que garanticen que el investigado no eluda la acción de la justicia hasta el momento de la sentencia.

El hecho de que la Fiscalía investigue a un funcionario público o a un político, o ex presidente de la República, incluso, y se ordene por el juez alguna medida fuerte para que no evada a la justicia, no hace del caso una investigación política ni mucho menos que se califique como persecución política.

Un Estado de derecho no permite una investigación penal de esa naturaleza. ¿Un fiscal o un juez hacen política? La respuesta es no, ambos son autónomos e independientes, no pueden hacer política. Es más, están prohibidos por ley.

Se puede afirmar, entonces, que no hay una persecución política de “algunos fiscales y jueces”; tampoco una “persecución judicial”. Tampoco hay persecución “empresarial” porque se investiga a algunos temerosos empresarios.

La llamada “persecución política”, en realidad, es una mera frase de defensa que no tiene contenido real y que no hace sino expresar el temor a la investigación. Que la investigación puede ser lenta o muy rápida o que pone el acento en unas personas más que en otras puede ser objeto de cuestionamiento y corrección en la vía procesal, incluso de queja; pero una investigación por peculado, por tráfico ilícito de drogas, por corrupción, por lavado de activos o crimen organizado, o por tocamientos indebidos, imputada a un político, no puede ser catalogada como una persecución política.

Ni se politiza la justicia ni se judicializa la política, solo se aplica la ley.

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Pablo Sánchez Velarde

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