Los call center ya no podrán comunicarse con consumidores para promover productos o servicios sin previo consentimiento. (Foto: USI)
Los call center ya no podrán comunicarse con consumidores para promover productos o servicios sin previo consentimiento. (Foto: USI)

Una buena noticia: el D. Leg. 1390 publicado esta semana por el Ejecutivo exige la modificación al Código de Protección y Defensa del Consumidor, que en adelante prohíbe todas aquellas prácticas comerciales que empleen call centers a través de llamadas, envío de mensajes de texto o correos electrónicos y el servicio de telemercadeo a números telefónicos y direcciones electrónicas de consumidores que no hayan dado su consentimiento previo. Para sustentar la medida, el Gobierno recordó lo obvio: que el derecho de todo consumidor a la protección contra los métodos comerciales agresivos o engañosos implica que los proveedores no pueden llevar a cabo prácticas que atenten contra la libertad de elección del consumidor a través de figuras como el acoso, la coacción, etc.

No importa quién promovió este D. Leg., pues este no es un asunto político, es un asunto de respeto a la privacidad del usuario. Ya se venía discutiendo una iniciativa para regular las llamadas, mensajes y correos comerciales en la Comisión de Defensa al Consumidor del Congreso, pero el predictamen, aprobado el año pasado, establecía horarios permitidos. Y eso era más de lo mismo, habemos millones de usuarios que no queremos que nuestros teléfonos y correos personales sean usados para recibir llamadas invasivas de venta de nada, a ninguna hora.

Quienes quieren defender su negocio a costa del acoso reclaman que los afectados serían jóvenes entre 18 y 24 años, y que el 65% son mujeres. De acuerdo, es un problema, pero la solución no es seguir llamando al usuario, por fuerza. Es decir: ¿te llaman a venderte un producto que no te interesa, pero como es una joven que necesita empleo, pierdes tu tiempo escuchándola y listo, se salvó el país? ¿En serio?

Entiendo perfectamente que nadie quiere perder su trabajo, pero esta es una ley para los consumidores, y esos somos toditos. Nadie en su sano juicio quiere perder su tiempo ni su libertad. La invasión tiene que ser ilegal; de lo contrario, a la larga vamos a tener que soportar drones en nuestras ventanas con la justificación de que tienen algo que anunciarnos. Por lo demás, el atinado D. Leg. no hace referencia a mensajería de redes sociales; de modo que quedan muchos otros canales, como WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Pero los teléfonos son dispositivos personales de comunicación, no televisores donde uno se entretiene a cambio de publicidad. Nadie los compra para eso, y bien caros que nos cuestan, ni que fueran regalados.

Que se cree una plataforma donde quien quiera recibir publicidad por teléfono inscriba su número y su perfil, así será efectivo el mensaje, la venta y se justificarán empleos productivos, sin necesidad de chantajes emocionales que no vienen al caso.