Fácil es juzgar

En 2016 fui guía del corresponsal del New York Times en China que, después de las protestas contra Las Bambas –que dejaron tres muertos y un estado de emergencia interminable–, decidió viajar hasta ese rincón de Apurímac. Entrevistamos a gerentes, trabajadores locales, autoridades y comuneros que habían recibido dinero por vender sus tierras y otros que, no teniendo propiedades dentro de la zona a explotar, solo habían recibido el impacto.

El entonces CEO de la mina, Luis Rivera, nos explicó por qué la operación inicial se vendió en 2014, pasando de Glencore a MMG, empresa estatal china. “En el mercado minero, si tienes más del 20% de participación, te consideran monopolio”, dijo, haciendo referencia a cómo el gobierno chino, principal comprador de nuestro cobre, obligó a Glencore a vender Las Bambas y conservar solo la operación de Antapaccay en Espinar (Cusco). Una clásica “compra hostil” que nuestra legislación acepta sin chistar.

La compra hostil trajo cambios en el plan de construcción de la mina, pues la relación con Espinar dejó de existir. El problema es que en el plan original, el cobre de Las Bambas iba a ser llevado por un mineroducto hasta Espinar para ser procesado y distribuido desde allá. Al comprar MMG y romperse la dinámica Las Bambas-Antapaccay, se decidió construir una carretera para sacar el mineral hasta el puerto de Matarani. Esto resultó ser una amenaza para miles de comuneros dedicados a la agricultura, en tanto ya no se hablaba de un tubo subterráneo sino de una actividad intensa de camiones que levantan polvo. Pero, además, nadie les avisó de este cambio de planes.

Fuimos también a la comunidad de Arcospampa, a diez minutos en auto desde la mina, donde entrevistamos, en medio de una polvareda, a Agustina Llusca, viuda de Beto Chahuayllo, quien acababa de morir en una protesta masiva. Beto trabajaba para una empresa subcontratada por Las Bambas para la etapa de construcción, y tenía la ilusión de mandar a los hijos a estudiar a Cusco y darles un futuro mejor. Cualquier futuro es mejor, pensé, cuando entramos a casa de Agustina, de un solo cuarto y con dos camas muy juntas sobre el piso de tierra, para siete personas. Agustina apretaba un fotochek de Beto mientras decía que su esposo seguía trabajando para la mina cuando lo baleó la Policía, pero igual se unió al paro porque los animales de su comunidad se estaban muriendo por la contaminación. Luego dijo algo en quechua y corrió a cargar una oveja que no podía tenerse en pie. Ella no pudo probarme que la enfermedad de su oveja era responsabilidad de la mina, pero no necesitó probarme que su nivel de pobreza era extremo.