De los compromisos a la acción: la lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe

Por: Angel Gurría / Secretario General de la OCDEV

La corrupción es quizás la mayor amenaza para nuestras economías y sociedades. Inhibe el crecimiento de la productividad, obstaculiza la buena gobernanza e impide los avances hacia sociedades más igualitarias. La corrupción debilita nuestras democracias y las pone en peligro; hace que los ciudadanos pierdan su confianza en las instituciones. Lo que empieza como una recompensa lucrativa para unos pocos privilegiados puede propagarse hasta contaminar gobiernos, empresas y sociedades. Los niveles observados de corrupción en América Latina y el Caribe (ALC) son más altos, en promedio, que en los países de la OCDE o del G20. En 2017, más de 90 millones (uno de cada siete de los 632 millones de ciudadanos de la región) pagaron un soborno, según el Latinobarómetro.

Existen ciertos desafíos en materia de integridad y gobernanza que son particulares de América Latina. Hay una gran brecha entre la calidad de jure de la regulación con su correcta implementación de facto. Si bien los sistemas jurídicos y regulatorios se ajustan en su mayoría a las normas internacionales, sigue siendo difícil garantizar su implementación plena y efectiva. La independencia judicial, aunque generalmente está garantizada formalmente, a menudo se ve debilitada en la práctica, como lo refleja la baja percepción de la independencia judicial en la región. Si bien existen regulaciones al financiamiento de las campañas electorales y partidos políticos, el dinero de fuentes dudosas a menudo encuentra su camino en la política.

Los ciudadanos están cada vez más convencidos de que la política y los mercados tienen sesgos en favor de pequeñas élites. Según el Latinobarómetro, el 75% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe cree que su país está gobernado por los intereses de unos cuantos grupos poderosos. En el día a día, los ciudadanos enfrentan pesadas cargas administrativas y una “tramitología” que no solo crea oportunidades de extorsión mediante pagos de “facilitación”, sino que también desmoraliza a los ciudadanos, demeritando la calidad de los servicios públicos e inhibiendo el acceso a ellos. Le hemos permitido a la corrupción la entrada en nuestras democracias, amenazando su propia existencia desde dentro, mediante el debilitamiento sistemático de la confianza pública.

Esta erosión de la confianza y de la legitimidad crea un terreno fértil para el populismo, el proteccionismo y los nacionalismos exclusivos; también amenaza el multilateralismo y puede conducir potencialmente a la fragmentación y la confrontación internacional. La corrupción es sintomática: no puede ser controlada o minimizada solo luchando directamente contra ella. Para atacar las raíces de la corrupción, es necesario promover una cultura de la integridad como una aspiración compartida del futuro de la región. Tal cultura puede actuar como guardián de las sociedades contra la corrupción, sirviendo como la primera y más importante línea de defensa. Su carácter preventivo la convierte en un complemento rentable de las medidas correctivas anticorrupción.

Para revertir estas tendencias, los gobiernos de América Latina y el Caribe han reconocido la necesidad de promover la integridad pública y la han convertido en una prioridad. Los ciudadanos esperan ahora acciones concretas y visibles.

Los recientes escándalos en la región y el creciente descontento de los ciudadanos son una oportunidad para que los responsables de las políticas públicas apliquen reformas estructurales y sostenibles destinadas a promover la integridad. Esto comienza empoderando a las generaciones futuras: ayudando a nuestros niños y jóvenes a construir conocimientos, habilidades y comportamientos para la integridad, el respeto por el Estado de derecho y el rechazo de la corrupción en todas sus formas. En el sector público, las reformas deben tener como objetivo la promoción de sistemas resistentes que hagan hincapié en los valores y en los que la rendición de cuentas y la credibilidad del sistema se garanticen mediante una aplicación de la ley oportuna y manifiesta. En la construcción y consolidación de los sistemas de integridad pública de América Latina y el Caribe, el sector privado y la sociedad deben ser socios clave y motores del cambio.

La OCDE ha sido durante mucho tiempo un líder en la lucha mundial contra la corrupción. Con nueve instrumentos legales y un gran número de directrices, herramientas y estudios, nuestro enfoque multidisciplinario aborda la corrupción en las empresas, la fiscalidad, las adquisiciones, la ayuda al desarrollo y la gobernanza en general, incluso más allá de nuestros países miembros. Estamos comprometidos a expandir estas herramientas para apoyar a los países latinoamericanos en la lucha contra este mal mundial. La Reunión de Alto Nivel de la OCDE sobre “Integridad para el Buen Gobierno en América Latina y el Caribe”, que tendrá lugar en Lima, Perú, los días 18 y 19 de octubre, ofrecerá acciones concretas que los gobiernos pueden emprender para satisfacer las demandas de sus ciudadanos y fortalecer la agenda regional de combate a la corrupción y promoción de la integridad pública. Estas acciones contribuirán a hacer operativas las prioridades identificadas en el Compromiso de Lima, adoptado por la Cumbre de las Américas en abril de 2018.

Este año podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de una cultura de integridad en la región.

Nunca ha habido un momento más oportuno para demostrar al mundo que América Latina y el Caribe están decididos a poner fin a la corrupción y a la impunidad, y que ya están tomando las medidas necesarias para lograrlo. Por lo tanto, es hora de traducir la voluntad política en acciones concretas que dignifiquen el servicio público: nuestros ciudadanos lo exigen, nuestros niños lo merecen y nuestra región lo anhela.