El boom del sabotaje

“A falta de oportunidades, destruyen su propio entorno y afectan al país entero. Juzgarlos es fácil, pero su proceder esquizofrénico solo demuestra lo olvidados que están”.

Multa a Petroperú por derrame de petróleo podría llegar a 79 millones de soles. (EFE)

Los derrames de petróleo, por ejemplo, generan pasivos ambientales. En la imagen, un incidente en Morona, Loreto, en 2016. (Foto: USI)

María Luisa Del Río
María Luisa Del Río

Cientos de pobladores de la comunidad indígena Chapis no tienen tiempo de discutir cuáles son las mejores razones para decirle Sí o No a las preguntas del referéndum. Ellos, quienes obtuvieron trabajos temporales en las labores de limpieza tras el último derrame, ahora han bloqueado el acceso a la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, en Saramiriza, alegando que Petroperú no ha cumplido con sus compromisos. Los comuneros están ataviados con coronas, pinturas con achiote en las caras y lanzas. Unos cincuenta policías custodian la Estación 5 y se ven helicópteros sobrevolando a baja altura. Algunos comerciantes de Saramiriza no apoyan la protesta porque consideran que los comuneros han acaparado la oferta para las labores de limpieza, impidiéndoles acceder para, así, ganar más plata.

La explotación petrolera en Loreto estuvo desde sus inicios en manos de transnacionales que se beneficiaron con impunidad, pues la fiscalización era nula. Estamos hablando de los años sesenta y setenta, cuando el mundo no tenía conciencia ambiental, de modo que se les permitió contaminar sin sanciones. Occidental Petroleum fue la más importante de esas operadoras. El oleoducto fue construido hace 42 años y en los últimos tres se ha hecho conocido por la coladera en la que se ha convertido, producto de su mal estado de conservación, generando derrames de miles de barriles de petróleo, que ya han afectado a más de 20 comunidades de distintos ríos.

El Estado peruano los obliga a votar, pero no se obliga a sí mismo a velar por sus derechos elementales. En una relación así de viciada, es natural que se instalen la violencia, la intransigencia y la ilegalidad absoluta, entendidas por la “parte afectada” (empresa petrolera estatal y resto del país) como sabotaje. Por muy difícil que sea entenderlo desde nuestras pantallas, las mismas personas que reclaman los derrames suelen ser las que los generan. Y es que, cada vez que el viejo tubo se rompe (sea producto de un accidente geográfico o de la acción humana), los comuneros se presentan a Petroperú para obtener trabajos en la limpieza y así poder acceder a revisiones médicas, atención dental, seguros de vida para sus familias, uniformes, pertenecer a una institución y sentirse menos aislados. A falta de oportunidades, destruyen su propio entorno y afectan al país entero. 
Juzgarlos es fácil, pero su proceder esquizofrénico solo demuestra lo olvidados que están: su única opción económica es hundirse hasta las orejas en esa brea tornasolada, respirar ese aire contaminado, envenenarse para tener algo de plata porque, después de la contaminación que han sufrido durante décadas, ya no pueden vivir de la agricultura, ni de la pesca, ni pueden tomar agua de río.

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