(AFP)
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El Uruguay, con solo tres millones de habitantes y una superficie de 176,220 km. cuadrados ha sido considerado desde hace muchos años un “paraíso fiscal”, y es que hasta poco tiempo existía un marco normativo propicio para la operatividad de las llamadas sociedades off shore, es decir empresas constituidas en el país pero destinadas a operar fuera de él.

Esas sociedades se formaban sin identificar a los propietarios, no pagaban impuestos y además contaban con el secreto bancario para proteger la información de sus movimientos financieros. Ocupando la trigésima posición, Uruguay tiene una tasa de no transparencia financiera de 87%, mientras que la de Suiza, que ocupa el tercer lugar, es de 100%. Solo otros dos países latinoamericanos figuran en la lista: Panamá y Costa Rica.
Considerar a Uruguay, un paraíso fiscal se fundamentaba en que este país garantizaba el secreto bancario, no tenía un registro público de las sociedades financieras y no cumplía con las reglas internacionales en materia fiscal.

Las empresas eran el instrumento adecuado para mover capitales provenientes de negocios internacionales, sin necesidad de declarar el origen ni el destino de los mismos. De ahí al lavado de dinero hay una línea invisible y fácilmente franqueable. Aún así, debido a la reducida dimensión del mercado financiero uruguayo, nunca hubo un movimiento a escala de lo que se conoce mundialmente como grandes paraísos fiscales, como las famosas Islas Cayman o las Bahamas.

Un informe del Fondo Monetario Internacional del 2006 establecía que “Uruguay es un centro financiero offshore y un riesgo para el lavado de dinero y la financiación de terrorismo, particularmente a partir de operaciones de no residentes y trasnacionales”.

En el 2015, el Informe Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos afirmaba que “pese a que el gobierno de Uruguay dio pasos positivos en 2014 para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas, y sigue haciendo progresos en su aplicación, el país sigue siendo vulnerable a estas amenazas”.

La fiscalía suiza y la del principado de Andorra están convencidas que Uruguay jugó un papel predominante en el lavado de dinero proveniente de la mayor trama de sobornos de América, por la gigante de la construcción Odebrecht. Su mayor promotor, de acuerdo a las investigaciones, fue el hermano del expresidente José María Sanguinetti.

Uruguay no tiene pruebas de la corrupción de Odebrecht entre sus funcionarios, pero sí habría servido como camino para el pago de millonarias coimas en Brasil, Argentina, y también en el Perú.

Para la fiscalía Suiza, el sistema bancario de Uruguay y las sociedades offshores fueron utilizadas para la transferencia de millones de dólares y para ello se sirvieron además de tres entidades financieras de origen suizo que operan en Montevideo. Entre ellas el Banco Privado de Andorra, dirigido en ese entonces, por Andrés Sanguinetti, alias Betingo, hermano del expresidente, a quien la policía del principado califica como “clave” en la formación de esta madeja de corrupción.

Según el diario el País, los investigadores aseguran que Betingo, que actualmente es consejero del club de fútbol uruguayo Peñarol, coordinó el primer contacto entre Odebrecht y el BPA. A partir de su intermediación, el banco ofreció a la contratista sus servicios. Y lo hizo “deslumbrado por la importancia de tener como cliente a una de las empresas constructoras más relevantes de Latinoamérica”.

De la investigación, que examina el accionar del banco y la constructora brasileña entre 2008 y 2015, se extrae que unos 15 millones de dólares que pasaron por distintas cuentas, fueron utilizados para pagar los sobornos a funcionarios de alto nivel en Perú. Justamente Uruguay está en el centro de la noticia internacional, tras una solicitud de asilo político, hecha por el ex presidente Alan García Pérez, a quien la justicia dispuso impedimento de salida de nuestro país por presuntamente estar involucrado en la trama de corrupción más grande América Latina.