UPP quiere fusilarte

Luego del fallido intento de vacancia, la prensa informa de la “nueva” propuesta de la bancada de Antauro Humala: restablecer la pena de muerte. No importa que haya probado ser inefectiva para reducir el crimen, perjudique la imagen del país o no ofrezca garantía alguna contra su aplicación equivocada, arbitraria o discriminatoria; todo vale para engañar a una ciudadanía desesperada. Para lograr la meta retrógrada, el primer paso es igual de nocivo: salirse del Pacto de San José, esto es, del sistema interamericano de protección de derechos humanos.

El proyecto de ley N° 6131 busca declarar de necesidad pública la denuncia del Pacto. Formalmente, es un planteamiento abiertamente inconstitucional.

La potestad en materia de tratados es del presidente (art. 57 de la Constitución) y toda iniciativa en esta materia le corresponde en exclusividad (art. 76 del Reglamento del Congreso). Puede requerir colaboración del Parlamento, pero la propuesta y la decisión final solo le corresponden a él, no al revés.

El proyecto se fundamenta en los mitos que se han urdido contra el sistema. Uno de los pocos foros efectivos a los cuales la ciudadanía puede recurrir cuando no encuentra justicia en el país.

Lo cierto es que la CIDH y la Corte son un escollo para cualquier proyecto autoritario. Lo sabían Montesinos y Fujimori cuando en 1999 pretendieron retirar al Perú para evitar las sentencias sobre el caso Ivcher y los magistrados arbitrariamente destituidos –tener Canal 2 y al TC neutralizado era clave para la re-reelección–.

Y lo sabían Chávez y Maduro cuando desligaron a Venezuela en 2013 para seguir persiguiendo a periodistas y opositores sin límite.

No hay pues novedad alguna en el planteamiento: está en el manual de los sátrapas. Abandonar los derechos humanos y, yendo más allá, fusilar peruanos. Novedad sería que la bancada de Antauro Humala propusiera vida y democracia.