El Gobierno dice que le mete punche a todo, y nadie se lo cree. Todo retrocede en los temas que más importan: seguridad ciudadana, lucha contra economías ilegales, alimentación para los más pobres, cuidar la fortaleza macroeconómica que tanto nos ha diferenciado. ¿Habrán querido decir ponche en vez de punche? ¿Será el ponche del mismo proveedor que el de los alimentos malogrados de Qali Warma? Todo es posible en este viaje, más terokalero que ayahuasquino en que se ha convertido la política en los últimos tiempos.
El ministro de Energía y Minas es censurado por el Congreso, pero no el de Desarrollo e Inclusión Social ni mucho menos el del Interior. El primero es del círculo más cercano a la presidenta. El segundo o es del cogollo o de ahí tiene agarrada a la presidenta, o no se explica el insólito abrazo posterior a la propagación de audios que merecían la reacción opuesta.
La censura emitida y las dos omitidas revelan que hay varios cómplices del desmadre que estamos viviendo. Difícil creerse que la censura tenga algo que ver con Petroperú, habría ocurrido mucho antes. Ahora habrá que ver a quién reclutan, probablemente será para peor.
El sobreviviente ministro de Desarrollo e Inclusión Social ha anunciado la clausura de Qali Warma y su reconversión completa. ¿Tenemos motivo para creer que lo que venga va a ser mejor que lo que había antes? ¿Qué rigurosidad se puede esperar del Gobierno que encarpeta el estudio sobre inseguridad alimentaria, mientras que el ministro de Agricultura declara que en todo el Perú se come contundentemente y la presidenta que con 10 soles se prepara un almuerzo completo? También dirán que le meten punche y parecerá ponche malogrado.
El ministro del interior acumula los siguientes deméritos: (a) ha sido abogado de narcos y policías con graves acusaciones; (b) no da con Cerrón y tiene audios en los que dice que la protección viene de Palacio; (c) la tasa de homicidios y otros indicadores de violencia aumentan, pero sostiene que hay mejoras; (d) persiste en una estrategia de declaratorias de emergencia que no muestra resultados suficientes; (e) ha dirigido la defensa de Nicanor Boluarte, ahora prófugo, mediante otros abogados allegados a él; (f) hay policías en ejercicio dos años después de haber participado de una violación en manada; (g) la escena del crimen del policía homicida —y aparentemente suicida— ha sido alterada por personal policial; entre otras perlas. ¿Cómo así al Congreso no se le ocurre censurarlo?
La censura de Rómulo Mucho es un triunfo de los mineros ilegales y la omisión de censura a Demartini y Santiváñez es complicidad con el Gobierno, no hay que ser demasiado zahorí para darse cuenta. Quien da gusto que lo sea es Zaraí Toledo Orozco, y sobre minería ilegal, nada menos. Un ejemplo de cuán bueno puede ser este cambio generacional si se logra recuperar un camino sensato para el país, que no se pierda en enfrentamientos del pasado, y de veras apueste por un mejor futuro para una vasta mayoría.
David Tuesta en CADE mostró cuánto nos atrasa un Estado que no brinda servicios mínimos. Necesitamos urgentemente una reforma del Estado que permita generar eficacia y eficiencia, dándole al ciudadano las herramientas que la nueva tecnología permite. Y también reformas políticas que permitan que eso ocurra y no se capturen las instituciones. Un ejemplo revelador: en el supuesto ayahuasquino que el primer ministro hubiera querido hacer cuestión de confianza por la aprobación de la ley MAPE, el Congreso podría haberle aprobado la confianza, para en el acto archivar dicho proyecto de ley y renovar el Reinfo en el mismo día, sin que el Ejecutivo pudiese hacer nada. La cuestión de confianza ya no existe. Y puede ser buena idea que así sea, pero en ese caso correspondería sacarla de la Constitución, no volverla eunuca. Ese es uno de los resultados de jugar al columpio con temas institucionales. Las reglas tienen que ser justas y razonables, favorezcan nuestra posición o no.