Por décadas, Chile fue un ejemplo a seguir por su desempeño económico, habiendo logrado reducir la pobreza extrema del 20% al 2% y sextuplicado su PBI per cápita desde 1990. Ante ello, había gran expectativa de los chilenos respecto a que la riqueza que mostraban los indicadores se tradujera en mejores condiciones de vida para todos.
Lamentablemente, la evolución de las condiciones de vida de los chilenos no equiparó las expectativas que ellos tenían, lo cual los incitó a tomar las calles para protestar contra la desigualdad y exigir reformas sociales, entre las que se avizora una nueva Constitución.
Hay quienes piensan que lo que sucede en Chile se podría replicar sin problemas en el Perú. Sin embargo, quienes defienden esta postura no consideran que el pacto social que tenemos los peruanos es sustancialmente distinto al de los chilenos. La gran diferencia radica en que el pacto social peruano se sustenta en la informalidad. Así, mientras que siete de 10 chilenos están acostumbrados a financiar de su bolsillo diversos servicios públicos, como educación o salud, aquí solo tres de 10 peruanos lo hacen.
Por eso, es natural que los chilenos se indignen contra el sistema por servicios que pagan y no reciben o que son de mala calidad. En cambio, aquí estamos acostumbrados a recibir servicios de mala calidad, pero no nos hacemos “paltas” porque no lo sentimos en el bolsillo.
Debemos apostar por cambios que busquen (i) incrementar la cantidad de peruanos que pagamos la cuenta y (ii) obligar al Estado a mejorar la calidad de los servicios. ¿Quién se indignaría en financiar la educación pública si tenemos la certeza de que los profesores saben (y entienden) lo que enseñan?
