Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. (Foto Vladimir Cerrón)
Pedro Castillo y Vladimir Cerrón. (Foto Vladimir Cerrón)

En una muy saludable rectificación y demostración de independencia, el Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, declaró hace dos días improcedente la demanda de hábeas corpus a favor de Vladimir Cerrón Rojas y de 17 exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín, cuya intención era bloquear las investigaciones sobre las fechorías de los así llamados Dinámicos del Centro.

Y sin mayores dilaciones, la Fiscalía de Junín, en coordinación con la Diviac, de la Policía Nacional, en menos de 24 horas asestó un fuerte golpe a esta organización criminal, con la detención de 27 personas ligadas a Vladimir Cerrón, nueve de ellas (entre funcionarios y exfuncionarios) miembros del partido Perú Libre.

Como se recordará, el fiscal superior coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, les había dado anteriormente la ventaja de unos días, al posponer el operativo, alegando que no era el momento “apropiado” (¿?), como reveló Perú21. Lo cual, además, había puesto en un aprieto a la Fiscalía de la Nación, sobre todo por la tensa coyuntura política que atraviesa el país. Lo que menos necesitábamos ahora era que las autoridades e instituciones en las que se funda nuestra democracia dieran signos de parcialidad con alguno de los sectores políticos en pugna.

En el caso de esta red de corrupción, que presuntamente operaba desde el propio Gobierno Regional de Junín, las pruebas parecen ser contundentes, y no se limitan a su Gerencia de Transporte, área involucrada en innumerables hechos delictivos, sino a una serie de negocios turbios que se llevaban a cabo en las provincias de Jauja, Chupaca, Huancayo y Satipo.

Ese misterioso maletín con 500,000 soles en efectivo que se encontró durante las requisas no ha hecho sino confirmar las sospechas de los investigadores, que podrían incluso haberse quedado cortos en cuanto a la escala de los crímenes que venían siguiendo.

El caso constituye una llamada de alerta para que la sociedad civil en su conjunto permanezca vigilante con la que sería la burocracia de la nueva administración, si se confirmaran los resultados de la ONPE.