(Foto: Archivo/GEC)
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En una breve entrevista con Cuarto poder –el candidato de Perú Libre salió el último domingo con que solo declararía por un máximo de 10 minutos a la prensa– Pedro Castillo dijo: “Empresarios se han acercado durante nuestro recorrido, empresarios que ponen el pecho, emprendedores, y no solamente se comprometen en sacar adelante el país (sino también) a ser parte del gobierno desde el lugar en donde estén”.

La curiosidad periodística me mataba, pronto debía averiguar con qué gremios o asociaciones empresariales se había puesto en contacto el candidato Castillo. Pero mientras transcurría la semana y mis averiguaciones resultaban inútiles, el mismo Castillo me alcanzó una pista: en una de sus apariciones, sin acatar un solo protocolo sanitario, el candidato prometió que una vez en el gobierno desactivaría la ATU y la Sutran.

El domingo se había referido a los propietarios de las combis asesinas, de los colectivos y autobuses que no respetan las reglas del transporte urbano e interprovincial, que no han querido formalizarse a pesar de las múltiples oportunidades que las municipalidades les han brindado y que se mueven en el margen de la ilegalidad.

Lo que el candidato de Perú Libre había advertido es que protegerá a los empresarios ilegales que abusan de los ciudadanos que necesitan transportarse.

En días previos había dicho que acabaría con la Sunedu. Claro, nos estaba diciendo que también protegerá a los propietarios de las universidades bamba, los que han defraudado a sus alumnos ofreciéndoles una mala formación profesional y a los esforzados padres de familia que han pagado por un mal servicio para sus hijos.

Estamos advertidos; Pedro Castillo apuesta por el mercantilismo más salvaje. Pero no solo eso; esta semana también se ratificó su talante autoritario.

Ya lo habíamos escuchado declarar que desactivaría el Tribunal Constitucional, pero el miércoles todos vimos un video en el que gritaba que, además del TC, cerraría la Defensoría del Pueblo. Ya lo sabemos, Castillo promete un régimen autoritario que no toleraría ni permitiría control ni regulación.

El TC y la Defensoría son dos instituciones democráticas encargadas de evitar arbitrariedades de parte del Estado y excesos desde el poder: ya sea Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Mientras el TC protege a los peruanos –y al propio Estado– de un mal fallo, un abuso o una mala ley, la Defensoría vela por el respeto de los derechos humanos y civiles de los ciudadanos. Cuando Castillo dice que los cerrará, lo que nos está diciendo es que, si le entregamos el poder, no permitirá que nadie corrija sus excesos ni los de la cúpula política que mantendría a su lado.

Si, además, tenemos en cuenta el perfil machista, homofóbico y xenófobo que define al candidato de Perú Libre, podemos avizorar lo que en un eventual gobierno suyo pasaría con las mujeres abusadas y golpeadas, con los derechos de la comunidad LGTB, con el destino de los emigrantes.

De nosotros depende evitar que el Perú salte al abismo.

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