¿Troles o asesores?

La meritocracia que la legisladora Rosa Bartra reclama para las mujeres que participarán en la Junta Nacional de Justicia no funcionó para los especialistas que fueron contratados por el Congreso desde que el partido fujimorista ganó la mayoría del Legislativo.

El primer requisito que un aspirante debía cumplir para ser contratado como especialista en el Parlamento era ser un activista de Fuerza Popular.

La decisión de Daniel Salaverry de no renovar el contrato de, por lo menos, cien funcionarios, entre jefes de oficinas en las que se hacía trabajo partidario y técnicos especializados en lo mismo, ha terminado revelando, por lo menos, abuso de poder, nepotismo y prebenda política en la planilla del Congreso.

Las oficinas del Parlamento estaban sobrepobladas de militantes del fujimorismo; se contrató esposos, hermanos, hasta madre e hija; y se asignaron sueldos desproporcionados, sobre todo si se comparan con los salarios que paga el Estado en sectores fundamentales como educación, salud y seguridad.

Pero lo peor es que no se tiene certeza de la verdadera función que desempeñaban. Las nuevas bancadas deberían formar una comisión capaz de auditar sus roles con el objetivo de descartar que los contribuyentes, a través del Estado, hayamos pasado dos años y medio bancando troles.

El problema, sin embargo, debiera convertirse en oportunidad. La ocasión es perfecta para profesionalizar e institucionalizar el Parlamento. Para que se reduzca la cuota que tiene cada congresista de “personal de confianza”. Para que los asesores y técnicos de los despachos parlamentarios y, sobre todo, de las comisiones no sean partidarios, activistas o amigos de los congresistas, sino verdaderos especialistas en las materias sobre las que se investiga o legisla.

Profesionales que incluso podrían pasar por el filtro de las instituciones del Estado que mejor funcionan.

La Comisión de Economía, por ejemplo, debería tener asesores calificados previamente por el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros.

La de Constitución, contar con juristas que hayan sido entrevistados y aprobados por magistrados del Tribunal Constitucional. Y así en todas las materias fundamentales para el buen funcionamiento del país.

En el Congreso deberían trabajar los mejores, elegidos a través de una selección justa y meritocrática, y entonces se justificarían los salarios que ahora reparten los partidos o las alianzas que manejan el Legislativo.

El próximo Congreso será elegido por los mismos electores que eligieron este: los políticos electos serán muy parecidos a los de ahora, y pasará cada lustro; por eso se necesita un Parlamento fortalecido por funcionarios profesionales, especialistas y técnicos, verdaderamente eficientes, como ocurre en los mejores Parlamentos del mundo.

La Comisión de Reforma Política que preside el politólogo Fernando Tuesta tendrá, seguramente, los mejores criterios en este sentido, pero no avanzará sin la ayuda de los actuales congresistas; sin la visión y la generosidad de los que legislarán dos años y medio más.