Tribunal de salida. (GEC)
Tribunal de salida. (GEC)

La próxima semana el Tribunal Constitucional tendrá que tomar una decisión sobre el hábeas corpus presentado por Sachi Fujimori Higuchi en favor de su hermana Keiko, para que se le levante la prisión preventiva que la mantiene confinada –aunque en permanente comunicación con sus parciales y subordinados políticos, según los analistas– en el Penal Anexo de Chorrillos desde el 31 de octubre del año pasado.

Ernesto Blume Fortini, presidente del TC y además ponente del caso, ya habría argumentado en favor de la excarcelación de Fujimori en su proyecto de sentencia que ayer se comenzó a debatir. Se supo también que, en ilustrada soflama, el jurisconsulto pidió que se suspenda al juez Richard Concepción Carhuancho por haber dictaminado la correspondiente prisión preventiva. Alegando que se produjo en un momento posterior a la detención, Blume se negó en redondo a considerar el testimonio de Jorge Yoshiyama, que incrimina casi de manera definitiva a la lideresa de Fuerza Popular, describiendo con lujo de detalles la manera en que eran manejadas las finanzas de la campaña, así como el destino de las exorbitantes sumas de dinero que circularon por esas arcas.

No todos los miembros del TC concuerdan con el ponente, como era de esperarse, y la discusión seguramente será enjundiosa y no por ello menos docta, pero al final de la jornada lo que contarán son los votos a favor y en contra, que más o menos, estarán dentro de lo previsible, si nos atenemos a votaciones anteriores sobre casos similares y –maliciando, como se dice– las obvias preferencias políticas de cada magistrado, siempre y cuando no solivianten jurisprudencias ni, desde luego, sus conciencias.

En ese sentido, las declaraciones que acaba de dar Dionisio Romero Paoletti, al ser interrogado en la fiscalía sobre sus millonarios aportes a FP, deberían ser también tomadas en cuenta por los tribunos, pues fortalecen las tesis de la fiscalía, por mucho que Keiko y su entorno hayan pretendido disfrazar el sistemático ocultamiento de los dineros recibidos como una supuesta “lealtad” con el donante: el compromiso de transparencia y la lealtad al país está por encima de cualquier “lealtad” a un empresario, por muy poderoso o amigo que este sea.

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