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El tema de hoy: ¿Solo para la tribuna?

“Si lo que se quiere es optimizar recursos, nada impide que pueda mejorarse la ley que ya regula la publicidad estatal (Ley 28874)”.

Mauricio Mulder

Mauricio Mulder replica las críticas y defiende su proyecto de ley sobre la crisis total del gabinete.

¿Solo para la tribuna? (USI)

Diana Chavez

El tema de hoy
El tema de hoy

El congresista aprista Mauricio Mulder se ampara en la popularidad que tendría el proyecto de ley que presentó la semana pasada para prohibir la publicidad estatal en medios de comunicación privados. Refiriéndose a comentarios en redes sociales, afirma que “casi un 90% de ciudadanos se expresa a favor de la medida”. Advierte que quienes incumplan serán sancionados por el delito de malversación de fondos.

Pero claro, cómo no va a ser popular prohibir que el Estado gaste el dinero de los contribuyentes en medios privados para destinarlo a obras sociales y otras “prioridades”. Sin embargo, es una propuesta efectista, para las tribunas, antes que efectiva.

Además, esconde visos de inconstitucionalidad. El Estado, a quien este proyecto se dirige, es el principal responsable de cumplir sus obligaciones internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA no solo le prohíbe cometer actos de censura previa, sino de control indirecto. Estos son, incluso, más peligrosos y difíciles de detectar porque se valen de un ejercicio “aparentemente” legítimo de facultades estatales (como sucedería con la medida del congresista). Un ejemplo de esto, según la Relatoría Especial para la Libertad Expresión de la CIDH, es “la obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal, que actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”.

La propuesta dice que la publicidad estatal no deberá colocarse en medios privados por sus tarifas “sumamente altas”, sino en redes sociales (como si estas fueran gratis). Aunque parece persuasiva, discrimina al tratar de modo desigual casos iguales. Lo hace entre medios escritos y digitales, como si Facebook y Twitter no fueran también medios privados y, además, extranjeros. Y más importante aún, discrimina entre la población que tiene acceso a Internet y la que no, limitando a estos últimos el acceso a información pública.

Si lo que se quiere es optimizar recursos, nada impide que pueda mejorarse la ley que ya regula la publicidad estatal (Ley 28874), o empezar a redactar una reglamentación que precise bien sus alcances para evitar abusos en la asignación de recursos estatales. Quizá no sea popular, pero sí efectiva y constitucional.

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