Cuando lean estas líneas, estaré llegando a España, tras un paréntesis de tres años en tierras caribeñas, adonde me llevó un trabajo de cooperación internacional. De juez, pasé a ser “cooperante”. No es la primera vez. De hecho, el primer país donde ejercí como cooperante “europea” fue paradójicamente en el Perú.

A mis hijos, que desde muy tierna edad han tenido que lidiar con las consecuencias de tener una madre que se dedique a esta clase de misiones, que implican moverse por el mundo, siempre les ha llamado la atención saber en qué consiste. En efecto, ¿en qué consiste este tipo de trabajo que mueve recursos materiales y humanos, de unos países a otros, y que crea tantas expectativas en el beneficiario? Porque, evidentemente, me refiero a la política de cooperación institucional.

La cooperación internacional puede entenderse de muchas formas. Aunque debería primar una sola: no es posible un mundo mejor, más justo y equitativo, si los países en disposición de ayudar no contribuyen a que los más necesitados salgan del círculo de la pobreza o de la falta de valores democráticos que los asfixia.

Cooperar admite varios sinónimos: “apoyar”, “colaborar”, “facilitar”… pero nunca “imponer”. Esta es la esencia de la política europea, que es la que conozco: los proyectos en los que se embarca nunca serán imposiciones.

En este momento de melancolía al concluir un trabajo del que me siento satisfecha, pienso cuánto se ganaría si los principios de la política de cooperación internacional se aplicaran por los líderes de la política nacional, y si sus programas de gobierno fueran promesas ciertas de escuchar a la ciudadanía, y a atenderla sin más límites que la ley: el único imperativo que reconozco.