Transparencia negada

El Gobierno se quitó la careta el martes en la noche cuando de manera abusiva y prepotente impidió a la prensa nacional participar en una conferencia convocada luego de la jornada en que la Fiscal de la Nación presentara una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.

La excusa para cerrar las puertas a los medios locales fue que los propios corresponsales de la prensa internacional solicitaron un encuentro exclusivo con ellos. Sin embargo, la Asociación de Prensa Extranjera dejó sin piso esa versión negándola rotundamente. Lo que sí quedó claro fue constatar nuevamente el terror que el mandatario y el premier Aníbal Torres tienen al periodismo independiente y cuestionador del país. Su rechazo a una prensa libre se volvió a hacer patente. Por más “disculpas” que haya pedido después.

Mucha ropa tendida pues, demasiado trapo sucio al aire, como diría un viejo criollo. No quieren –no pueden– enfrentarse a las preguntas incómodas, son incapaces de responder por sus actos. Sobre todo ahora que el Ministerio Público le ha asestado un duro golpe a la organización criminal enquistada en el gobierno y que encabeza, según la tesis fiscal, nada menos que el propio Castillo.

Ya quisieran los amigos de Palacio y Perú Libre que esto fuera Nicaragua, Venezuela o Cuba, donde la prensa opositora es sistemáticamente amordazada, incluso con métodos criminales, para que no se revelen los oscuros negociados de sus gobernantes. Porque eso es lo que incomoda al castillismo y es, asimismo, el origen de una forma de actuar en las antípodas de la transparencia que todo funcionario público debe observar, en todos los niveles de gobierno.

No olvidemos que fue la prensa independiente la que destapó lo de las reuniones clandestinas con contratistas del Estado en la casa de Sarratea, los sobornos por los ascensos militares o los encubrimientos palaciegos a los prófugos de la familia presidencial. La ojeriza es pues explicable, pero en modo alguno justificable. Estamos en una democracia –no en una dictadura– donde a la ciudadanía le asiste el derecho de pedir explicaciones sobre posibles inconductas en las altas esferas del poder político y económico

Señales todas, dicho sea de paso, de los arrebatos autoritarios y de la descomposición que está anegando un régimen que no deja de navegar entre la ineptitud y la corrupción.