La Policía de Tránsito tiene actualmente un nivel de corrupción muy alto y es altamente responsable de que los malos choferes sigan circulando con las licencias suspendidas. Mientras la Policía no tenga esa capacidad de control, será muy difícil fiscalizar el tema.
Otro grave problema es el estado del transporte. Aunque se han implementado mejoras, con el Metropolitano, el tren eléctrico y la fiscalización de los taxistas, el lugar por donde se mueven las personas está pésimo. La mala gestión del transporte se ve potenciada por el mal estado del tránsito. No podemos tener miles de policías para reemplazar los semáforos que deberían existir en las calles.
Tal como lo han hecho Chile, Argentina o Estados Unidos, la solución a mediano plazo es crear una autoridad de transporte que decida qué tipo de autos circulan, y otra autoridad de tránsito para ver el tema de sanciones, papeletas y exigir que las cosas se cumplan. Actualmente cada uno hace lo que quiere, cada municipio pone sus medidas y no hay quien lidere el cambio. El Ministerio de Transporte es una entidad normativa, no ejecutora, y el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que nació en 2009 con ese fin, se ha convertido en una entidad coordinadora y de buenas intenciones, sin capacidad de decisión y fiscalización.