(Britanie Arroyo / @photo.gec)
(Britanie Arroyo / @photo.gec)

Como “una abominación” lo calificó el ministro Óscar Ugarte y podría decirse que se quedó corto. Nos referimos al tráfico de camas de la Unidad de Cuidados Intensivos que una banda de miserables estaba llevando a cabo en el Hospital Almenara. La policía le puso el nombre clave de “Ángeles Negros” a su misión, pero el apelativo que más se les ajusta es el que le pusimos ayer en la portada de Perú21, pues hasta un gallinazo podría tener mayor dignidad que estos delincuentes.

Las investigaciones sobre la red criminal recién han salido a luz pública con las capturas respectivas, pero la ley debe hacer caer todo su peso y rigor sobre quienes, sin el menor escrúpulo, han pretendido lucrar con la desgracia ajena, y en este caso específico, aprovechándose de una plaga que ha cobrado la vida de 200,000 peruanos.

Si un escándalo como el del Vacunagate, que involucraba a destacados médicos, instituciones y autoridades públicas, incluyendo ministros de Estado y hasta un presidente de la República, mereció el repudio generalizado de los peruanos, fue porque dejaba, además, un pésimo precedente en la dramática lucha que el país libraba contra la pandemia.

Obviamente, en el caso de estos ‘gallinazos’, hablamos de delincuencia pura y dura, pero así como las investigaciones de las vacunaciones subrepticias deben continuar, las pesquisas fiscales y policiales sobre el tráfico de camas UCI –que eran vendidas a más de 80 mil soles cada una– deben realizarse y llegar hasta el fondo de la red de implicados en este inhumano negocio, tanto en el Hospital Almenara como en Essalud, instituciones que ciertamente deben colaborar al máximo con las autoridades.

Es inadmisible que en una circunstancia tan grave como la que está viviendo el país, los ciudadanos queden expuestos a las extorsiones de estos auténticos depredadores de la salud pública, que deben ser localizados y castigados con toda la energía que permite la ley.

TAGS RELACIONADOS