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Fritz Du Bois, La opinión del director¿Se imaginan una defensora del Pueblo que arrastre no menos de una docena de entuertos o un vocal del Tribunal Constitucional que haya sido un juez separado de su cargo por haber certificado una diligencia en la que no había participado? Bueno, esos son justamente a quienes quieren nombrar nuestros parlamentarios. Más aún, la repartija partidaria del botín del Estado ha llegado a tal extremo que es un verdadero escándalo. Ya no les importa si alguien tiene un prontuario o es el peor candidato para un cargo. Como su partido cree que tiene el derecho a nombrarlo, lo designa aunque sea un desadaptado.

En realidad, nuestros congresistas no parecen ser conscientes de las causas de la Primavera Árabe o de las multitudinarias protestas de los brasileños, las cuales tienen como común denominador el rechazo a la ceguera de los políticos que actúan de espaldas a los intereses de los ciudadanos. Están jugando con fuego y ni siquiera lo han notado.

Incluso es tan escandalosa e inadecuada esta repartija que se están alzando voces de protesta por todos lados, desde nuestro escritor más laureado hasta la lideresa de uno de los partidos cuyos legisladores la están avalando. Simple y llanamente, ya nadie quiere ser visto como involucrado. Asimismo, no es cuestión de vida o muerte el tener que aprobar con urgencia esos nombramientos. Por ejemplo, en el periodo de gobierno del partido de la candidata a defensora, el puesto estuvo vacante durante cinco años, mientras que el actual Parlamento no ha hecho el más mínimo esfuerzo por tratar de identificar a los más adecuados o capacitados para ocupar los cargos.

Por otro lado, los que están actualmente en la mesa como candidatos no solo son malos sino que, además, le dan un poder de veto en el Tribunal Constitucional a un gobierno que no pudo cambiar la Constitución por falta de apoyo parlamentario. Con lo cual la podrán modificar por la puerta falsa ya que en el tribunal no podrán declarar la inconstitucionalidad de leyes que vayan en contra de la Carta Magna y que sean aprobadas por mayoría simple del oficialismo en el Congreso, ya que estos tendrían tres de los siete vocales mientras que son cinco los votos mínimos necesarios.

De esa manera podemos terminar en un entrampamiento total y en un virtual golpe de Estado constitucional solo por el interés de un partido de colocar a un vocal que les permita ganar un par de casos judiciales a nivel municipal. El beneficio de corto plazo para un estudio de abogados por encima de la necesidad del ciudadano. Al final, este Congreso estaría echando al agua la poca credibilidad que le queda a la clase política por intereses mezquinos y por la desesperación de un exmandatario que se ha enredado tratando de explicar el origen de millones de dólares que aún no ha aclarado.

Desde todo punto de vista, este toma y daca partidario les da asco a los ciudadanos, por lo que debe ser rechazado.