(Foto: César Campos / GEC)
(Foto: César Campos / GEC)

El caso abierto por la Fiscalía contra Julio Guzmán deja muchas más dudas que certezas. La resolución que da inicio a la investigación preliminar contra el morado se sustenta únicamente en una denuncia presentada por un ciudadano de apellido Huerta Escate. A su vez, esa acusación se respalda exclusivamente en una nota periodística del año 2019 publicada en el diario Exitosa en la que el excongresista Humberto Morales exhortó a los fiscales a investigar un supuesto aporte de Odebrecht a la campaña de Guzmán en 2016. ¿Y de dónde salió esa idea de Morales? De la “imagen” de un correo compartida en Twitter por Barba Caballero y en la TV por Butters, pero que nadie ha podido demostrar que sea real.

Hasta donde se sabe, ese correo no existe ni en la Fiscalía ni en una declaración de un colaborador eficaz ni en las agendas de Marcelo Odebrecht, como sí fue en todos los otros casos de la novela Lava Jato. Es decir, la investigación iniciada contra Guzmán tendría su origen en un meme divulgado por un troll y en la declaración de un excongresista comentando ese meme.

Ya hace mucho que aprendí a no poner las manos al fuego por nadie, menos cuando se trata de políticos. No lo haré ahora. No tengo idea de cómo se habrá financiado la campaña de Julio Guzmán en 2016, pero pasar por agua fría esta situación en concreto trae riesgos enormes para cualquiera.

Si para abrir una investigación por lavado de activos es suficiente la declaración de un congresista o un tuit sin confirmar, cualquiera puede terminar en el banquillo de los acusados. El estándar para iniciar una investigación no puede ser tan bajo. Esta situación se agrava si se trata de un político a puertas de una campaña electoral. No me refiero solo a Guzmán. Esto les podría pasar a todos los otros candidatos, ahora o más adelante, con el enorme peligro de judicializar aún más la política.