Tía María, hora cero

La economía peruana no está como para dejar de lado operaciones de la magnitud del proyecto minero Tía María, menos aún en un escenario en el que las cifras proyectadas de crecimiento económico anual se van encogiendo conforme pasan los meses.

A diferencia de la pretendida construcción de un almacén para minerales en el terminal portuario de Paracas, del cual hemos venido informando, en la provincia de Islay, en Arequipa, donde se encuentran los distritos de Punta de Bombón, Cocachacra y Dean Valdivia, y donde también se encuentra el yacimiento cuprífero de Tía María, no hay ninguna reserva natural en riesgo.

La agricultura de la zona, de encomiable tradición, mantiene sus cultivos a respetable distancia del proyecto minero. Alternar con ese desarrollo solo generará oportunidades a las familias que habitan en el hermoso Valle de Tambo. La agricultura y la minería moderna conviven en los países más desarrollados. Y si tenemos en cuenta que se trata de una inversión de 1,400 millones de dólares que, en los últimos años de acercamientos entre la empresa y la población, ha desarrollado programas sociales y obras en favor de los habitantes del Valle, es imposible pensar que la concreción de Tía María no impactará positivamente en la economía de la región y de la nación.

Por otro lado, Southern Perú Copper Corporation ha cumplido con los requisitos de ley para explotar la mina, incluido un Estudio de Impacto Ambiental debidamente revisado por expertos en el tema y aprobado por el Estado peruano en 2014. Lamentablemente, la agitación opositora en la zona que muy rápido escaló a violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden, sumando numerosos heridos y hasta cinco muertos, llevaron a paralizar la operación minera.

La hostilidad manifiesta de la mayor parte de las autoridades distritales, hacia la construcción de la mina, no ayuda. La corrupción que se conoció a partir de los audios de ‘las lentejas’, tampoco, pero el interés nacional debe primar sobre el radicalismo irresponsable.

Hablamos pues de una tarea en la que fracasaron las administraciones de Alan García y Ollanta Humala, pero que el presidente Vizcarra ya no puede eludir ni postergar, porque es la credibilidad internacional del país y su ordenamiento jurídico –base de toda inversión nacional o extranjera– lo que también está en juego.