Ofensiva narcoterrorista. (Foto: Abby Ardiles)
Ofensiva narcoterrorista. (Foto: Abby Ardiles)

El alevoso asesinato de siete policías en el Vraem obliga al Estado a repensar y redefinir su estrategia frente a las drogas y el terrorismo. Está claro que la organización terrorista en la zona ha querido reverdecer sus sangrientos laureles aprovechando la convulsión social que vive el país.

Durante las exequias de los agentes –caídos en la provincia de La Convención, Cusco– la presidenta Dina Boluarte fue enfática: “Mi gobierno ha dispuesto una lucha frontal contra esa alianza formada por el terrorismo y el narcotráfico, no permitiremos más muertes ni violencia”. Sin embargo, a estas alturas es necesario ir más allá de los discursos y las buenas intenciones. La amenaza del terror ha cobrado, con estas muertes, la fisonomía de lo real e inmediato.

Fue tal el ensañamiento de los asesinos que, antes de robar las armas de los cuerpos inertes de los uniformados, remataron de un balazo a los heridos que todavía respiraban (un oficial, aunque herido de gravedad, logró sobrevivir).Todo indica, pues, que la alianza entre la facción senderista liderada por Víctor Quispe Palomino (a) ‘José’ –autodenominada “Militarizado Partido Comunista del Perú”– con los poderosos narcotraficantes que operan en la región habría pasado a una nueva etapa, más agresiva que la anterior.

Que esta alianza opera y fructifica en el Vraem desde hace años, es sabido de sobra por las fuerzas de seguridad y los estudiosos del fenómeno terrorista. El poder económico del narcotráfico es prácticamente incontestable en los parajes y caseríos apartados en el valle, allí donde los servicios del Estado apenas tienen presencia.

Es prioritario que las autoridades y especialistas en inteligencia diseñen y pongan en marcha una nueva estrategia para combatir aquello que ya se anunciaba, una recomposición muy agresiva de los remanentes de Sendero Luminoso, esta vez apuntalada por intereses del crimen organizado –narcotráfico, sicariato, minería ilegal– que, gracias al gobierno del golpista Pedro Castillo, podría incluso haberse infiltrado en puestos de la administración del Estado.

Conviene ser severos y rigurosos con el tema. Hacía mucho tiempo que estas bandas asesinas no se atrevían atacar a las fuerzas de seguridad con la vesania que acaban de demostrar.

La democracia debe defenderse con todas las armas que le permite la Constitución.