La tentación de la demagogia

Cuando en el país se pensaba que la época de las interpelaciones absurdas había quedado atrás, con la aprobada ayer contra el ministro de Justicia, por la firma del acuerdo con Odebrecht, este Congreso demuestra que su versatilidad para el ridículo es enciclopédica.

De la representante Yeni Vilcatoma sabemos que se puede esperar casi cualquier cosa, pues la sindéresis no se cuenta precisamente entre los puntos fuertes de su personalidad. Y que su bancada, Fuerza Popular –de la mano con el Apra, faltaba más–, se apunte a todo lo que pueda torpedear, o entorpecer mínimamente, las investigaciones sobre la corrupción en el país, tampoco es novedad.

Lo realmente vergonzoso es que, aparte de estos parlamentarios, cuyos retorcidos intereses, nada patrióticos, se han acreditado hasta la extenuación, haya habido quienes, desde sus respectivas atalayas en diversas instituciones del Estado, tratando quizás de pescarse unos puntitos en las encuestas del fin de semana, se sumaron, con mayor o menor discreción, a la algarada contra el acuerdo.

Para el político profesional o el funcionario de las altas esferas del poder, la tentación de la demagogia está presente en su día a día. Y es difícil resistirse a sus cantos de sirena, sobre todo cuando los periódicos escrutinios sobre su desempeño le comienzan a ser adversos. Solo la sideral desaprobación que tiene el Parlamento puede explicar un voto –fuera de los sempiternos aliados de la corrupción– en favor de interpelar al ministro de Justicia.

Especialistas e investigadores con mayor conocimiento y experiencia en lides como las del proceso que se le sigue a Odebrecht han demostrado con rotunda claridad que las cifras de la reparación acordada, dólares más, dólares menos, están en la escala de las reparaciones pagadas en otros países por casos similares, que por supuesto no harán ni más ricos ni más pobres a los peruanos, aunque lo parezca. Aquí lo central no es el pago, sino la colaboración de la empresa para llegar hasta el fondo de la trama corrupta en nuestro país.

Detenerse a juzgar lo del monto indemnizatorio es solo una manera de hacerles el juego a los interesados en que la investigación se frustre o se desvíe. Y bien sabemos quiénes son.