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¿Tendremos solución?

“Los mecanismos de corrupción instalados en nuestro país (...) se han ido construyendo a lo largo del tiempo, desde épocas coloniales”.

Gamarra

(USI)

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Editorial Perú21
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La ciudadanía suele mostrarse indignada y molesta ante evidencias y denuncias de corrupción. Una muestra está en los resultados de la encuesta de Datum que le presentamos hoy. Lo cierto es que, durante siglos, hemos convivido con tantos mecanismos ilegales y arreglos bajo la mesa que hemos normalizado conductas cuestionables que, a la larga, han perjudicado a nuestro Estado y a la sociedad misma.

Esa lamentable frase ‘roba, pero hace obra’ resume lo tolerantes que hemos sido con los corruptos en diferentes niveles de gobierno.

Pero también nos hemos hecho de la vista gorda o hemos sido partícipes de malas prácticas en menor escala cuando pasamos un billete al policía que nos detuvo ante una falta de tránsito, o al médico en un hospital estatal para ser atendidos más rápido.

Los mecanismos de corrupción instalados en nuestro país, que todos hemos visto y escuchado en los ‘vladivideos’, en las declaraciones de Odebrecht o en los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto, se han ido construyendo a lo largo del tiempo, desde épocas coloniales, como tan magistralmente nos lo mostró el historiador Alfonso Quiroz, quien nos legó su Historia de la corrupción en el Perú.

¿Significa eso acaso que no tenemos solución? ¿Será el Perú un país muy difícil de curar? La puesta en evidencia de prácticas de corrupción, la docencia desde diversos frentes, la implementación de mecanismos de transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad de registro, control y denuncia que nos facilita la tecnología hoy en día contribuyen activamente en la lucha contra ese flagelo.

El 94% de los encuestados considera que el nivel de corrupción en el Perú es muy alto y alto; y el 82% piensa que ha aumentado en los últimos cinco años. A la pregunta sobre cuáles son las tres instituciones más corruptas del país, el Congreso encabeza las respuestas con 64% y le siguen el Poder Judicial con 43% y la Fiscalía de la Nación con 34%.

Esperamos que las reformas política y judicial contribuyan a una reflexión que lleve a acciones reales. Que no sea solo una reforma en el papel.

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