En sostenida e inusual demostración de músculo y meticuloso profesionalismo, la Policía Nacional (PNP) ha capturado, con diferencia de escasos días, a tres connotados prófugos de la justicia, en su momento encumbrados funcionarios comprometidos en actos de corrupción y tráfico de influencias.
Cuando el ministro del Interior, Carlos Morán Soto, anunció a la prensa que la PNP había conformado equipos de investigación e inteligencia para ubicar a estos políticos que, como diría Cervantes, habían puesto “los pies en polvorosa y tomado las de Villadiego” luego de ser condenados por sus respectivos delitos, pocos consideraron que sus palabras fueran más allá del consabido saludo a la bandera al que nos tenían acostumbrados la mayoría de sus antecesores en el cargo, desde el retorno a la democracia.
La realidad y el paso de las semanas se encargaría de desmentir tal presunción: el compromiso del ministro no fue puramente verbal. Los tres prófugos dormirán en la cárcel los próximos años.
El último en caer fue el exgobernador regional del Callao Félix Moreno, hallado en una casa de Cieneguilla, y sobre quien pesan sentencias que suman diez años de prisión efectiva por los casos Fundo Oquendo y Corpac, pero con media docena adicional de procesos aún abiertos por sobornos, colusión agravada, organización criminal y negociación incompatible. El exalcalde de San Juan de Lurigancho Carlos Burgos, a su vez, capturado la última semana de octubre, pernoctando en un así llamado “hostal de cinco cucarachas”, arrastra condenas que suman 16 años de internamiento por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El excongresista Edwin Donayre, arrestado y enmarrocado en el interín de las dos capturas antes mencionadas, deambulando por la Plaza de Armas de Puente Piedra, con su clásico peluquín en la faltriquera, deberá afrontar ahora sentencias por millonarios y sistemáticos robos de gasolina, cuando todavía era militar en actividad.
Muy destacable, pues, la labor que realizan los equipos policiales de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), la División de Investigación de Secuestros (Divise) y la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), esta última atacada por legisladores apristas y fujimoristas de la mayoría del disuelto Congreso. Desde entonces, estas unidades no han hecho sino contestar a ese írrito intento de vejación pública con los contundentes resultados de su trabajo.
