El tema de hoy: No es venganza

Mientras el país espera en vilo el desenlace del pedido de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el partido de los principales propulsores de la moción, Fuerza Popular, enfrenta nuevas acusaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de los aportes a las campañas de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori en 2011 y 2016. Pese a la gravedad del asunto, la crispación política ha generado que esto pase casi desapercibido.

En el contexto de la investigación por el presunto delito de lavado de activos que dirige el fiscal José Pérez, se ha revelado la existencia de más aportantes registrados ante la ONPE que niegan haber entregado monto alguno al partido naranja o que carecen de la solvencia económica para hacerlo. Si bien para el secretario general del partido, José Chlimper, las recientes medidas de allanamiento e incautación de documentos son “arbitrarias”, estas, que han sido autorizadas por un juez, pretenden válidamente descartar si existe o no una contabilidad paralela, tesis que maneja la Fiscalía y que constituiría un mecanismo para ocultar dinero de origen ilícito.

La figura de testaferros no revela per se que detrás del acto firmado exista necesariamente una actividad delictiva. Pero sí aumenta suspicacias sobre algo que ha de ser necesario esconder. Y eso lo confirma uno de los recientes testimonios de un aportante que dijo que el congresista fujimorista Rolando Reátegui le habría solicitado firmar como aparente donante para sustentar gastos de la campaña de 2011. Acto que resulta sospechoso si a ello se le agregan las declaraciones que Odebrecht ha dado a la Fiscalía sobre los aportes que la empresa brasilera entregó en ese periodo a sus “candidatos favoritos” en varios países de Latinoamérica.

Las nuevas evidencias sobre aportantes fantasmas en el fujimorismo se suman a denuncias similares que Perú21 publicó en marzo pasado. Si estos hechos de interés público no son suficientes para que el Congreso acelere una investigación sobre el tema desde la comisión Lava Jato, al menos la Fiscalía sí lo viene haciendo. Y no se trata de “venganza o revanchismo político”, como alegan los fujimoristas, sino de la actuación regular de una función del Ministerio Público que debemos blindar.