Es increíble, y preocupante a la vez, que uno de los casos más grandes de corrupción de funcionarios, como el que involucra a la red Orellana, esté estancado y no llegue a juicio por responsabilidad de las propias autoridades.
Ayer, en Perú21, dimos cuenta de que la fiscal Marita Barreto no puede acusar a la cúpula del clan que encabezaba Rodolfo Orellana porque los magistrados de la Primera Sala Penal de Apelaciones no resuelven, desde hace mes y medio, un pedido de inhibición de la magistrada Elizabeth Arias.Arias interpuso este recurso alegando que podía incurrir en conflicto de intereses porque fue una de las víctimas de esta mafiosa red que atacaba, desde la revista Juez Justo, a quienes destapaban sus operaciones ilegales. Incluso, participó como testigo de la propia indagación. ¿Qué esperan los jueces Condori, Torre y Carcausto para pronunciarse?
Desde que se destapó el caso, en 2014, este diario ha informado detalladamente cómo esta organización criminal –que reclutó a notarios, árbitros, funcionarios, jueces, etc.– logró enquistarse en el Estado para hacerse de bienes públicos y privados.
Al inicio del proceso, en el mapa de la fiscal Barreto apenas figuraban unas 25 personas relacionadas a Orellana. Pero a estas alturas, son 400 las que han sido sindicadas. Todas involucradas en hasta 160 hechos delictivos, entre los que figuran apropiación ilícita de terrenos, asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, estafa y hasta vínculos con el narcotráfico. Esto, sin duda, nos pone frente a una compleja y gran telaraña del crimen.
Después de tres años, y estando tan cerca de hacerse justicia, la negligencia de una sala puede poner en riesgo todo lo investigado. En el Ministerio Público han manifestado su preocupación porque están pendientes de resolverse solicitudes de prolongación de prisiones preventivas. A algunos procesados se les vence el plazo de detención en los próximos días, por lo que su posible excarcelación solo pondrá bajo sospecha a las autoridades del Poder Judicial. ¿Hará algo, al respecto, Inés Villa, coordinadora de la Sala Penal Nacional, luego de defender las competencias de su instancia en los últimos días? No más procrastinación. El Perú necesita condenas efectivas y rápidas en la lucha contra la corrupción y el crimen, no larguísimos procesos que pueden generar impunidad.