Alberto Fujimori, quien purgaba una condena a 25 años, fue indultado el 24 de diciembre.
Alberto Fujimori, quien purgaba una condena a 25 años, fue indultado el 24 de diciembre.

Llegó el día. La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchará hoy los alegatos del Estado peruano y de los deudos de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta para tomar una decisión sin precedentes en sus casi cuarenta años de existencia: pronunciarse sobre el indulto concedido a un ex presidente de la República, en este caso, el de Alberto Fujimori.

Las partes han expuesto en reiteradas ocasiones sus posturas: mientras los afectados señalan que la liberación de Fujimori tiene móviles políticos, el gobierno se respalda en la Constitución y en informes médicos para garantizar la legalidad de la decisión que tomó el mandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Lo que evaluará la Corte IDH es si esta excarcelación burla las sentencias que emitió en 2001 y 2006, en las que ordenó al Estado perseguir y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos. El ex jefe de Estado fue sentenciado en ambos procesos como autor mediato y, por ello, condenado a 25 años de prisión. Cuando Kuczynski le otorgó el beneficio, en vísperas de la Navidad de 2017, el ex mandatario había cumplido 12 años de su pena. Pero esto no sucedió en cualquier momento, sino días después de que PPK se salvara de ser vacado gracias al voto en abstención de diez legisladores fujimoristas. ¿El gobierno buscó pagar un favor a A. Fujimori? Eso es lo que los magistrados deberán analizar también.

Así como es incierto en qué sentido emitirá su veredicto la Corte, también lo es saber el tiempo que demorará en hacerlo. Puede tomarle semanas o meses.
Pero este no es el único caso que se verá hoy y que compete al Perú. Horas antes de la audiencia sobre Fujimori, los jueces también supervisarán el caso de ejecuciones extrajudiciales en El Frontón. De manera precisa, escucharán a las partes y la postura de la CIDH respecto a la acusación constitucional que está a punto de aplicar el Congreso peruano contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

Los miembros del TC, como se recuerda, modificaron una sentencia emitida en ese mismo fuero que desconocía los delitos cometidos como de lesa humanidad. Lo hicieron al interpretar el voto a favor de un juez como uno en contra. Aunque no concita la misma atención, su desenlace también marcará un precedente que puede poner en cuestión la soberanía jurisdiccional del país.