Kenji Fujimori (CésarCampos/Perú21)
Kenji Fujimori (CésarCampos/Perú21)

Kenji Fujimori oficializó su renuncia a Fuerza Popular, el partido que lidera su hermana Keiko y que él dijo, una y otra vez, que no abandonaría porque había aportado más de 800 mil firmas para su inscripción. Y lo hizo desconociéndole “autoridad moral” para una lucha anticorrupción manchada ahora por las declaraciones del ex ejecutivo de Odebrecht Jorge Barata, quien asegura haberle entregado 1 millón 200 mil dólares a ex dirigentes fujimoristas para la campaña electoral de 2011.

Eran entonces otros tiempos y otra también la relación fraternal entre Keiko y Kenji. Este último, incluso, era parte de la cúpula como secretario de Juventudes en el Comité Ejecutivo Nacional.

Hoy, siete años después, el hijo menor del indultado Alberto Fujimori ha decidido hacer maletas y cerrar tras de sí las puertas de la agrupación naranja con la convicción de que, como él mismo apuntó tiempo atrás, “el fujimorismo no es Fuerza Popular, el fujimorismo lo hace el pueblo”.

Como lo ha reconocido Maritza García, el objetivo de Kenji Fujimori, ese que no figuraba en su listado público de propósitos que encabezaba con un “liberar a mi padre”, es ahora formar un partido político, ese que le permitiría tentar la Presidencia en 2021, lo que no podría haber logrado si se mantenía bajo la sombra de su hermana.

La decisión, dicen, alentada por su padre, habría empezado a tomar forma cuando le abrieron un segundo proceso disciplinario. El remezón político provocado por las declaraciones de Barata, entonces, solo parece ser la excusa de una estrategia electoral en la que identifica bien la corrupción en un lado (el fujimorismo), pero la omite cuando involucra a quien, en los últimos tiempos, se ha convertido en su socio político (Kuczynski) o a él mismo con el caso Limasa.

En ese camino, Kenji Fujimori deberá ir con cuidado, no solo para no patinar a nivel electoral sino también judicial, donde es investigado por presunto lavado de activos por el incremento de capital de su empresa de S/40 mil, en 2009, a casi 3 millones en 2014. Es ese proceso el que podría convertirse en la nueva sombra del legislador y de esa, sin duda, no podrá despercudirse con una previsible renuncia.