(USI)
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A inicios de mayo, el Ejecutivo dispuso una serie de medidas para reducir drásticamente el gasto innecesario en la administración pública proyectando un ahorro superior a los S/960 millones. En la antesala se desató un escándalo mediático tras conocerse que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) alquiló oficinas en un exclusivo edificio de Surco para su nuevo local institucional por un monto de S/15 millones a pagar en tres años.

La salida de la titular de la OSCE, Blythe Muro, no se hizo esperar y el premier César Villanueva dijo entonces, indignado, que se abriría una investigación de la que, a propósito, hasta ahora no se conoce resultado alguno.

Desde entonces han pasado varias semanas. Sin embargo, contra lo que pudiera suponerse, la OSCE no solo no ha rectificado sino que persiste en el error en una coyuntura en la que el gobierno de Martín Vizcarra pregona austeridad. Su nueva titular, Sofía Prudencio, no solo no ha dejado sin efecto la controvertida renta del inmueble de Surco, sino que ha hecho una nueva convocatoria para alquilar, esta vez, los servicios de almacenaje de sus archivos por más de S/600 mil por un periodo de tres años, como revelamos en nuestra edición de hoy.

Lo ocurrido exige una explicación inmediata del Ejecutivo, sobre todo si se tiene en cuenta que hace una semana este le pidió al Congreso aprobar un proyecto para extender las medidas de austeridad en otros estamentos del Estado, como Poder Judicial, Contraloría, Ministerio Público, Congreso, entre otros.

Demanda, además, una rápida reacción del Parlamento, que debería estudiar, debatir y aprobar con celeridad la propuesta del Gobierno a efectos de que no se dilate más la aplicación de estas normas de las que, al parecer, algunos funcionarios públicos hacen tabla rasa. Más aún si dentro de tres semanas el Congreso concluye oficialmente su segunda y última legislatura del periodo 2017-18.

Ciertamente será difícil que los parlamentarios acepten ajustarse los cinturones en medio de sus compras de televisores y frigobares, pero harían bien en tomar nota de que estos gastos desafinan con el sentir ciudadano que reclama que, cuando llueve, todos se mojen.

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