El tema de hoy: Una ley buena pero excesiva

Ya es ley la prohibición de que condenados por terrorismo, violación sexual, narcotráfico y corrupción postulen a cargos de elección popular. El Congreso tenía hasta el martes para que surta efectos en las elecciones locales y regionales de octubre de este año.

Sin duda, es un gran avance para depurar la política nacional de cuestionados personajes a los que ya nos habíamos acostumbrado. En 2014, Transparencia identificó a más de 100 candidatos con condena por alguno de esos delitos. La desconfianza de la ciudadanía hacia sus representantes se explica en buena parte por esto. De ahí la importancia de garantizar la probidad de los candidatos.

Esta loable finalidad, sin embargo, ha dejado en el tintero cuestionamientos sobre el impedimento a condenados por terrorismo. Ello, debido a la no distinción entre quienes fueron hallados culpables de estos execrables hechos y quienes fueron injustamente condenados y luego indultados bajo recomendación de la Comisión Ad Hoc del padre Hubert Lanssiers. En aquel momento, cerca de 750 inocentes recibieron este “indulto razonado o especial”. La propuesta del Parlamento que decía que este impedimento no les alcanzaba fue observada por el gobierno, que señaló que este tipo de indulto no existe en nuestro ordenamiento y que el reglamento de gracias no lo contempla. Ello pese a que el TC sí lo ha desarrollado, recogiendo, además, lo que dicen tratados internacionales sobre indemnizar (no sancionar) a condenados por error judicial.

El Parlamento pudo obviar las observaciones y aprobar su propuesta por insistencia, pero no lo hizo. La premura con la que ha actuado podría costarle caro eventualmente si los afectados presentan medidas (acciones de amparo, acción de inconstitucionalidad e incluso denuncias en fueros internacionales) ante la vulneración de sus derechos políticos. Entre ellos, Yehude Simon, quien ha sido congresista, premier, gobernador regional y quiere seguir participando en política. “Nadie impedirá que postule por Lambayeque”, ha dicho.

Este diario denunció el año pasado que remanentes de SL, tras cumplir sus condenas, evaluaban participar vía alianzas en las elecciones de este año. El Estado debe impedirlo. Pero no debe meter en el mismo saco a quienes el Poder Judicial impuso una injusta sanción.