El tema de hoy: Igual razón, igual derecho

El juez Richard Concepción decidirá hoy la excarcelación de los empresarios José y Hernando Graña, dos ex directivos de la empresa Graña y Montero que desde hace casi tres meses están en prisión por delitos que la Fiscalía aún investiga si cometieron (colusión y lavado de activos, respectivamente).

De acuerdo con el Ministerio Público, los Graña y los ejecutivos del resto de compañías que se asociaron con Odebrecht para construir la Interoceánica Sur (JJ Camet e ICCGSA) sabían que la constructora brasileña debía pagar sobornos al ex presidente Toledo para adjudicarse la obra.

La fuente de los fiscales es Jorge Barata, el ex hombre fuerte de Odebrecht en Perú, como lo es para las demás investigaciones que realizan sobre el caso Lava Jato. La cuestión en este caso es que los otros empresarios involucrados: Fernando Camet (JJ Camet), José Castillo Dibós (ICCGSA) y Gonzalo Ferraro Rey (GyM), afrontan hoy sus respectivos procesos en libertad. A ellos se les dictó detención, al igual que a los Graña, pero el Poder Judicial les varió su condición a comparecencia simple cuando apelaron, recurso que por un exceso de formalismo se les denegó a José y a Hernando Graña.

A los ex ejecutivos de GyM también se les rechazó un pedido de extensión, con el que se buscaba que se les aplique el mismo criterio con el que se liberó a Camet, Castillo Dibós y Ferraro. La idea era demostrar que en la misma investigación tiene libres a unos y detenidos a otros cuando a todos se les imputan los mismos hechos. La Primera Sala Nacional de Apelaciones señaló que el argumento de poseer recursos económicos para justificar un peligro de fuga resulta discriminatorio. Si bajo esta idea se liberó a tres de los coimputados, correspondería hacer lo mismo con los otros dos. A igual razón, igual derecho, como lo señaló el penalista Carlos Caro.

Que el Poder Judicial enmiende este error, que linda con lo discriminatorio, no significa que se les extienda un manto de impunidad a los investigados: ellos tienen mucho que aclarar, pero lo pueden hacer colaborando con las investigaciones estando en libertad. No hay que olvidar que, además, tanto José (72 años) como Hernando Graña (66 años) son de edad avanzada y se entregaron a las autoridades cuando conocieron la decisión judicial. Encima, se les confina a un régimen carcelario de terror –por la Ley de Crimen Organizado– que hasta podría ser peor que el aplicado a un feminicida o un violador.