(César Campos/Perú21)
(César Campos/Perú21)

El próximo viernes 25 de mayo vence el plazo para que las agrupaciones políticas realicen sus procesos electorales internos para definir a sus candidatos en los comicios municipales y regionales que se llevarán a cabo el 7 de octubre. Semanas después, el 19 de junio, deberán presentar sus listas de aspirantes ante los Jurados Electorales Especiales.

La ciudadanía, entonces, se convertirá nuevamente en actor de reparto en esta puesta de escena electoral que nos traerá, como ya lo ha hecho antes, de todo como en botica.

Previamente, y como ocurre desde 2015, en que fue creada la Ventanilla Única de Antecedentes para Uso Electoral, los aspirantes a cargos ediles y regionales que nos pongan en vitrina las agrupaciones políticas deberán –o deberían– haber pasado por una rigurosa radiografía que les evite a los peruanos cargar en los próximos cuatro años con la pesada mochila de autoridades con cuentas pendientes con la justicia.

Lamentablemente, no es lo que ha ocurrido en estos tres últimos años, debido a la falta de compromiso de las organizaciones políticas con esta exigencia ciudadana de tener representantes intachables. Y es probable que tampoco suceda en los próximos comicios pese a que cuentan con una herramienta relativamente eficaz como la Ventanilla Única, que lo sería aun más si el acceso a ella no estuviera restringido solo a los personeros de los partidos políticos.

Cuán diferentes podrían ser las cosas (y los resultados electorales) si todos los ciudadanos, sin excepción, pudieran saber de antemano si el candidato de su preferencia ha sido sentenciado por delitos de corrupción, narcotráfico o lavado de activos, si tiene deudas tributarias u órdenes de captura; si figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos o si tiene bienes inmuebles o vehículos a su nombre. ¿No sería bueno democratizar la Ventanilla Única?

Pero hoy la realidad es otra y, por lo tanto, solo nos queda confiar en el buen criterio de los partidos políticos (¿¿¿???) para que no nos ensarten otra vez, sí, otra vez, con burgomaestres y gobernadores que se rinden ante una coima, que roban pero hacen obra, que entregan licitaciones a sus “benefactores” de campaña o ejecutan obras sobrevaloradas. Este 7 de octubre, entonces, volveremos a jugar a la ruleta rusa.